La investigación comenzó tras la revisión de registros de cámaras de seguridad de la unidad del OS7 en San Felipe, donde en mayo de 2024 se habrían detectado movimientos considerados sospechosos. Posteriormente, según la Fiscalía, se desarrollaron otras diligencias que incluyeron intervenciones telefónicas, instalación de micrófonos y seguimiento mediante GPS.
Entre los hechos atribuidos a los acusados figura la presunta extracción de droga desde la sala de evidencias, que posteriormente habría sido reemplazada por tierra o arena para evitar diferencias en futuros pesajes. La Fiscalía también sostiene que se habrían retirado otras sustancias incautadas, entre ellas marihuana y pasta base.
La investigación contempla además acusaciones relacionadas con el uso de personas en situación vulnerable para adquirir droga, el supuesto pago a informantes con sustancias incautadas y la utilización de droga para intentar involucrar a terceros en investigaciones policiales.
A estos antecedentes se suma una acusación por el presunto robo de dinero durante un procedimiento de entrada y registro a un domicilio, hecho que también forma parte de la tesis que el Ministerio Público deberá acreditar durante el juicio.
En total, la Fiscalía solicita penas que superan los 217 años de cárcel para los siete acusados. Entre las solicitudes individualizadas, figura la de Sebastián Cádiz Escobar, para quien se piden 90 años y 8 días de presidio.
También se solicitan 37 años y 3 días para Sergio Aedo Poblete, 32 años y 3 días para Cindy Cárdenas Benavides, 24 años y 2 días para Federico Jerez Matamala y 18 años y 1 día para Álvaro Moraga Miranda. Los antecedentes disponibles no detallan las penas solicitadas para los otros dos acusados.
