La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo presentado a favor del director jurídico de la Municipalidad de Llay Llay, a raíz de un procedimiento policial realizado el pasado 11 de septiembre en dependencias municipales.
Durante la diligencia fueron incautados un computador de uso laboral y un teléfono personal del funcionario, en el marco de una investigación cuyos antecedentes específicos no fueron detallados en la información proporcionada.
Según lo expuesto en el recurso, funcionarios de la PDI solicitaron la entrega de los equipos sin exhibir inicialmente una orden judicial. El procedimiento continuó mientras se gestionaba una autorización del Juzgado de Garantía de San Felipe.
El recurso también sostuvo que el director jurídico fue retenido durante varias horas en su oficina mientras se obtenía dicha autorización.
En su resolución, fechada el 30 de septiembre de 2026, el tribunal de alzada acogió el amparo y determinó que la actuación cuestionada vulneró la libertad personal del funcionario, de acuerdo con los antecedentes entregados sobre el fallo.
La Corte además dejó sin efecto la autorización judicial vinculada al procedimiento, declaró ilegales las diligencias cuestionadas y ordenó la restitución de los equipos incautados, junto con la eliminación de los datos que hubieran sido extraídos durante la actuación.
Tras conocer la resolución, el alcalde de Llay Llay, Edgardo González Arancibia, cuestionó el procedimiento policial y solicitó que se determinen eventuales responsabilidades administrativas.
El jefe comunal sostuvo que funcionarios de la PDI habrían vulnerado garantías constitucionales de trabajadores municipales y pidió el inicio de sumarios disciplinarios para esclarecer lo ocurrido.
