El seremi de Justicia, Rafael González, confirmó los casos en la región. La situación se conoce en medio de la controversia nacional por 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Autoridades regionales evalúan mecanismos de protección y alerta para las víctimas.
Una preocupante situación quedó al descubierto en la Región de Valparaíso luego de que el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, confirmara que al menos dos personas condenadas por violación de menores de edad recuperaron su libertad tras acceder a beneficios de reducción de condena.
Los antecedentes se conocen en medio de un debate nacional sobre la aplicación de estos beneficios penitenciarios, particularmente en casos de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
La autoridad regional explicó que la legislación fue modificada en 2022 para impedir que condenados por determinados delitos sexuales contra menores accedan a estas reducciones. Sin embargo, persiste una controversia jurídica sobre las personas condenadas por hechos anteriores a la reforma.
Dos condenados ya se encuentran en libertad en Valparaíso
El seremi Rafael González confirmó que se han identificado al menos dos casos en la región de personas condenadas por violación de menores que recibieron una reducción de sus penas y actualmente están en libertad.
Hasta ahora no se han informado públicamente las comunas donde ocurrieron los delitos, los establecimientos penitenciarios donde cumplieron condena ni las fechas exactas en que recuperaron su libertad.
La confirmación regional adquiere especial relevancia debido a las inquietudes sobre la protección de las víctimas y la posibilidad de establecer mecanismos institucionales que permitan informarles oportunamente sobre la liberación de sus agresores.
Controversia nacional: 56 condenados recibieron rebajas de penas
El caso de Valparaíso se enmarca en una controversia de alcance nacional, luego de conocerse que el Ministerio de Justicia concedió 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.
De acuerdo con los antecedentes publicados originalmente por Interferencia y posteriormente recogidos por distintos medios nacionales, los beneficios corresponden a:
- 29 personas condenadas por violación.
- 27 personas condenadas por abuso sexual de menores.
Las reducciones fueron concedidas mediante decretos administrativos del Ministerio de Justicia. La existencia de estos beneficios no implica necesariamente que todos los condenados hayan recuperado su libertad.
¿Por qué se siguen aplicando rebajas de condena?
La reducción de condenas se encuentra regulada por la Ley N.º 19.856, que establece un sistema de beneficios asociado al comportamiento de las personas privadas de libertad.
En febrero de 2022, la Ley N.º 21.421 modificó esta normativa para excluir a condenados por determinados delitos sexuales cometidos contra menores.
No obstante, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ha sostenido que existe una controversia respecto de la aplicación de esa restricción a situaciones anteriores a la reforma.
Según el secretario de Estado, el Ministerio ha aplicado criterios recogidos de fallos de la Corte Suprema, considerando el principio que impide aplicar retroactivamente normas desfavorables al condenado.
Sin embargo, la interpretación ha generado cuestionamientos jurídicos y políticos, especialmente porque las 56 reducciones conocidas fueron concedidas administrativamente y no como consecuencia directa de resoluciones judiciales dictadas en cada uno de esos casos.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, precisó que los decretos fueron dictados por el Ministerio de Justicia en ejercicio de sus atribuciones, sin establecer un respaldo general a todas las decisiones adoptadas.
Delegado presidencial de Valparaíso plantea protección para las víctimas
En la Región de Valparaíso, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, manifestó su preocupación por las consecuencias que podrían tener estas liberaciones para las víctimas.
La autoridad planteó la importancia de evaluar mecanismos de seguimiento y protección, especialmente cuando las personas condenadas por delitos sexuales contra menores recuperan su libertad.
Millones reconoció que todavía no se había desarrollado una reunión de coordinación con la Seremi de Justicia y otros organismos para abordar los casos detectados.
Una de las propuestas que se analizarán es establecer mecanismos de alerta que permitan informar oportunamente a las víctimas sobre la salida de prisión de sus agresores.
El delegado calificó la iniciativa como interesante y comprometió conversaciones con las autoridades competentes para estudiar su viabilidad dentro de la legislación vigente.
Gobierno anuncia cambios legales para restringir beneficios
Ante los cuestionamientos surgidos a nivel nacional, el ministro Fernando Rabat anunció que el Ejecutivo apoyará iniciativas parlamentarias destinadas a impedir nuevas rebajas de condena en casos de delitos sexuales contra menores.
El Gobierno también comprometió suma urgencia para la tramitación de proyectos relacionados con esta materia y adelantó que impulsará modificaciones legales propias.
El debate se concentra tanto en los requisitos para conceder estos beneficios como en la interpretación de las reformas legales y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes.
Preocupación por la seguridad y los derechos de las víctimas
La situación registrada en Valparaíso abre interrogantes sobre los mecanismos de información disponibles para quienes han sufrido delitos sexuales y sobre la coordinación entre los organismos encargados de la administración penitenciaria, la justicia y la protección de víctimas.
Entre los aspectos pendientes se encuentra conocer si las personas afectadas fueron informadas oportunamente sobre la liberación de los condenados y qué medidas de protección podrían corresponder en cada caso.
Por ahora, las autoridades regionales han confirmado al menos dos liberaciones, mientras continúa la discusión nacional sobre las reformas necesarias para regular estos beneficios y establecer mayores garantías para las víctimas.
