La alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat (Ind.-exUDI), enfrenta cuestionamientos luego de conocerse que su empresa, Protecc Chile, dedicada a servicios de seguridad, habría mantenido contratos irregulares con distintos organismos del Estado.
Según los antecedentes revelados, la firma se adjudicó 501 órdenes de compra, de las cuales 87 se habrían realizado fuera de la normativa vigente. Entre las instituciones que suscribieron esos acuerdos figuran la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Servicio de Salud Aconcagua y la Municipalidad de Catemu.
La Ley 21.659 de Seguridad Pública, vigente desde el 28 de noviembre de 2025, prohíbe que empresas privadas cuyos propietarios sean alcaldes ofrezcan servicios de seguridad al Estado.
La abogada especialista en derecho administrativo Mónica Bascuñán señaló que, de comprobarse la responsabilidad de Rossat, correspondería aplicar cargos por abandono de deberes, al tratarse de una autoridad pública. Además, planteó que todos los contratos suscritos tras la promulgación de la ley deberían ser invalidados.
Por su parte, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, sostuvo que las responsabilidades no solo recaen en la empresa, sino también en las instituciones estatales que abrieron los procesos de licitación sin informarse sobre la procedencia de la firma.
Concejales de la comuna informaron que ya se presentó una solicitud ante la Contraloría para que investigue a la jefa comunal, requerimiento ingresado la semana pasada.
Consultada sobre el tema, la alcaldesa Rossat indicó que lo considera cerrado y declinó referirse al asunto.
Entre los organismos involucrados, la Municipalidad de Catemu informó que invalidó el contrato con la empresa, una vez que se supo que detrás de Protecc Chile había una autoridad comunal. La compra correspondía a un servicio de guardias y a la adquisición de cámaras de seguridad para el CESFAM de Catemu, por un monto cercano a los 6 millones de pesos.
