La causa judicial suma una nueva arista que busca esclarecer posibles acciones destinadas a entorpecer las diligencias. Cuatro exintegrantes de la institución naval permanecen en prisión preventiva por la agresión sexual denunciada por una joven de 23 años.
RAPA NUI, REGIÓN DE VALPARAÍSO. — Nuevos antecedentes surgen en la investigación por la presunta violación grupal de una joven de 23 años al interior de dependencias de la Armada de Chile en Rapa Nui. El Ministerio Público formalizará este miércoles 18 de noviembre a otros seis funcionarios navales por el delito de obstrucción a la investigación.
La audiencia está programada para las 11:00 horas, según el horario de Chile continental, ante el Juzgado Mixto de Garantía de Rapa Nui. Los seis imputados comparecerán de manera telemática mediante la plataforma Zoom.
Esta nueva diligencia judicial amplía el alcance de una investigación que ya mantiene a cuatro exfuncionarios de la Armada en prisión preventiva, imputados por su presunta participación en la agresión sexual.
Investigan posibles maniobras para obstaculizar la justicia
La nueva línea investigativa busca determinar si otros integrantes de la institución naval realizaron acciones que pudieran haber dificultado el esclarecimiento de los hechos.
Como parte de las diligencias, personal de Carabineros incautó los teléfonos celulares de los seis funcionarios involucrados, dispositivos que forman parte de los antecedentes que serán examinados durante la investigación.
Es importante precisar que estos seis funcionarios serán formalizados por presunta obstrucción a la investigación y no como autores del delito sexual denunciado.
Una denuncia que se remonta a octubre
Los hechos que dieron origen a la investigación habrían ocurrido durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de octubre de 2026, en dependencias de la Guarnición Marítima de la Armada en Rapa Nui.
Según los antecedentes conocidos, una joven de 23 años habría sido víctima de una agresión sexual grupal en el contexto de una celebración realizada en el recinto naval.
Tras las primeras diligencias del Ministerio Público, cuatro funcionarios fueron formalizados como presuntos responsables del ataque. Posteriormente, fueron desvinculados de la institución y quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.
Familia solicita que imputados sean trasladados a una cárcel común
Uno de los antecedentes que ha generado controversia es el recinto donde los cuatro imputados cumplen actualmente la prisión preventiva.
El abogado querellante Ciro Colombara, representante de la familia de la denunciante, ha cuestionado que la medida cautelar se cumpla en instalaciones de la Armada y no en un establecimiento penitenciario común.
En este contexto, la representación legal está impulsando un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, buscando que se revise la situación.
El abogado también valoró que la Fiscalía amplíe las diligencias a otros funcionarios, señalando que desde el comienzo de la causa habían advertido sobre posibles responsabilidades adicionales relacionadas con obstrucción a la justicia y eventuales omisiones de denuncia.
Armada mantiene investigación interna
Consultada por esta nueva etapa judicial, la Armada de Chile informó que no entregará mayores declaraciones mientras el proceso se encuentre en desarrollo.
Sin embargo, la institución aseguró que continuará colaborando con los requerimientos de los organismos judiciales y confirmó que mantiene una investigación sumaria para esclarecer eventuales responsabilidades administrativas.
Caso ha generado preocupación en Rapa Nui
La denuncia ha provocado conmoción entre habitantes de Rapa Nui, donde se han registrado manifestaciones exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos.
La formalización de los seis funcionarios representa un nuevo capítulo judicial, que busca determinar si existieron actuaciones posteriores a la presunta agresión sexual que pudieran haber afectado el desarrollo de la investigación.
Durante la audiencia de este miércoles, el Ministerio Público expondrá los antecedentes de las nuevas imputaciones y se conocerán las eventuales medidas cautelares que solicite la Fiscalía.
La investigación continúa abierta y las responsabilidades penales deberán ser determinadas por los tribunales de justicia, respetando el principio de presunción de inocencia.
