A más de dos años del megaincendio que impactó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó un crítico balance del proceso de reconstrucción, en medio de las polémicas generadas tras un informe de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en la administración de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia.
En declaraciones a una emisora radial, la autoridad señaló que el actual sistema de gestión de desastres presenta debilidades estructurales, especialmente en la coordinación entre organismos públicos y privados. A su juicio, el modelo vigente no cuenta con la capacidad necesaria para responder de manera articulada ante catástrofes de gran envergadura, como la registrada en febrero de 2024.
Mundaca afirmó que la reconstrucción no ha estado a la altura de las expectativas ciudadanas. Según indicó, las necesidades fundamentales de muchas familias damnificadas aún no han sido resueltas, lo que ha generado un evidente descontento en la comunidad afectada. En ese sentido, manifestó su decepción respecto de los resultados obtenidos hasta ahora.
El gobernador también se refirió a las restricciones administrativas que enfrentó el Gobierno Regional durante la crisis. Si bien integra el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, explicó que dicha instancia no le otorga facultades resolutivas directas. Incluso, detalló que debió solicitar autorización a la Contraloría para disponer de personal y canalizar donaciones, situación que calificó como contradictoria considerando la urgencia del escenario.
En cuanto a los recursos, precisó que solo el 2% del presupuesto regional puede destinarse a emergencias, mientras que la mayor parte de los fondos depende del nivel central. Por ello, insistió en que la descentralización efectiva sigue siendo una tarea pendiente y planteó la necesidad de fortalecer las competencias y la autonomía de los gobiernos regionales para enfrentar futuras emergencias con mayor capacidad de respuesta.
Finalmente, la autoridad sostuvo que corresponderá al Ministerio Público y a los organismos competentes determinar eventuales responsabilidades administrativas o legales derivadas de los antecedentes revelados por Contraloría, enfatizando que la ciudadanía espera explicaciones claras y oportunas sobre lo ocurrido.
