El Juzgado de Garantía de Viña del Mar fijó para el 8 de abril de 2026 la audiencia de formalización de Claudio Aquiles Boisier Troncoso, exgerente general de la Corporación Municipal y exadministrador municipal durante la gestión de la exalcaldesa Virginia Reginato, en el marco de una investigación por presunta malversación de caudales públicos.
La determinación se adoptó luego de que el tribunal acogiera la solicitud del Ministerio Público, en una causa iniciada tras una querella presentada en julio de 2022 por la Municipalidad de Viña del Mar, bajo la actual administración encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti.
Transferencias a cuenta personal
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la acción judicial, los hechos investigados se habrían registrado entre enero de 2015 y marzo de 2018. Durante ese período, el imputado habría efectuado rendiciones periódicas de gastos por sumas que, en la mayoría de los casos, superaban los $400 mil, alcanzando un total aproximado de $17 millones.
Según la querella, los recursos eran transferidos desde la cuenta corriente de la Corporación Municipal a la cuenta personal del exfuncionario en el Banco de Chile, o bien mediante cheques extendidos por él mismo que posteriormente eran depositados en su cuenta bancaria. Parte de las rendiciones incluirían consumos en joyerías, restaurantes y licorerías que, conforme a la presentación municipal, no tendrían relación con fines institucionales.
Eventuales sanciones
El abogado penalista Silvio Cuneo señaló que, en caso de acreditarse el delito de malversación de caudales públicos, la sanción podría superar los cinco años de presidio, dependiendo de la calificación jurídica y de los montos involucrados.
En tanto, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, indicó que la audiencia de formalización constituirá una instancia clave para esclarecer los eventuales fraudes detectados y establecer responsabilidades.
La acción penal no solo apunta al exadministrador municipal, sino también a todas aquellas personas que pudieran resultar responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores.
Notificación de Contraloría
En paralelo, la exalcaldesa Virginia Reginato fue notificada en enero pasado por la Contraloría General de la República, organismo que le exigió la restitución de más de $1.100 millones por un perjuicio financiero ocasionado al municipio durante su administración.
La audiencia programada para abril de 2026 marcará el inicio formal del proceso judicial en una de las aristas que investigan el uso de recursos públicos en la anterior gestión comunal.
