El informe reveló irregularidades en municipios, ministerios y servicios de salud, generando preocupación por el uso indebido de recursos públicos.
Un informe de la Contraloría General de la República dejó al descubierto una grave irregularidad en el uso de licencias médicas en el sector público chileno. La investigación identificó a más de 6.300 funcionarios que, pese a estar con permiso médico, continuaban realizando actividades laborales en el sector privado.
El hallazgo fue dado a conocer durante la cuenta pública de la contralora Dorothy Pérez, quien cuestionó duramente estas prácticas y su impacto en la gestión estatal.
Irregularidades en distintas áreas del Estado
De acuerdo con el reporte, un total de 6.311 funcionarios justificaron su ausencia en organismos públicos como municipios, ministerios y servicios de salud mediante licencias médicas, aunque simultáneamente desarrollaban trabajos en empresas privadas.
Esta situación genera dudas sobre el correcto uso de este beneficio, cuyo propósito es permitir la recuperación de la salud del trabajador, no la realización de otras actividades laborales.
Impacto económico y falta de control
La Contraloría advirtió que estas prácticas no solo vulneran la normativa vigente, sino que también implican un costo significativo para el Estado. El pago de remuneraciones durante licencias médicas, sumado en algunos casos a la contratación de reemplazos, representa un gasto adicional de recursos fiscales.
El informe plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control para evitar este tipo de irregularidades, que afectan directamente la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Llamado a reforzar la transparencia
Desde el organismo contralor se anunció que las investigaciones continuarán con el objetivo de determinar responsabilidades y eventuales sanciones. Asimismo, se enfatizó la importancia de mejorar los protocolos de supervisión en el uso de licencias médicas.
El caso abre un debate sobre la ética en la función pública y la necesidad de implementar medidas más estrictas que garanticen un uso adecuado de los recursos del Estado.
Debate público en aumento
La magnitud del informe ha generado preocupación en distintos sectores, instalando nuevamente la discusión sobre el control del ausentismo laboral en el aparato público y la urgencia de reformas que fortalezcan la probidad.
Este escenario pone presión sobre las autoridades para avanzar en soluciones concretas que permitan prevenir abusos y asegurar mayor transparencia en la administración pública.
