La Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga confirmó la presentación de una querella criminal tras la difusión de mensajes que advertían sobre posibles tiroteos en establecimientos educacionales de la zona, situación que generó preocupación en comunidades escolares de Quilpué y otras comunas de la provincia.
La acción judicial, ingresada ante el Juzgado de Garantía de Quilpué, apunta al delito de amenazas y otros ilícitos asociados. Según informó la autoridad, el objetivo es entregar todos los antecedentes al Ministerio Público para avanzar en la identificación de los responsables y esclarecer el origen de los mensajes.
De acuerdo con lo señalado por la Delegación, estas advertencias provocaron un fuerte impacto en estudiantes, docentes y apoderados, alterando la normalidad de las clases e incluso obligando a activar protocolos de seguridad en algunos recintos educacionales.
El delegado presidencial Gonzalo Azancot sostuvo que este tipo de situaciones no solo genera alarma social, sino que también afecta directamente el funcionamiento de un servicio esencial como la educación. “Vamos a impulsar todas las acciones necesarias para que estos hechos se investiguen y no se repitan”, afirmó.
Activación de protocolos y coordinación policial
Tras la circulación de los mensajes, distintos establecimientos reforzaron medidas preventivas, mientras que Carabineros y la Policía de Investigaciones iniciaron diligencias para verificar la veracidad de las amenazas y resguardar la seguridad en los recintos.
Autoridades han reiterado que, aunque en muchos casos este tipo de advertencias se origina en redes sociales o plataformas digitales sin sustento real, igualmente deben ser investigadas debido al riesgo que implican.
Llamado a la responsabilidad
Desde el Gobierno se hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a jóvenes y estudiantes, a no difundir este tipo de mensajes, recordando que realizar amenazas puede constituir un delito penal.
La querella presentada busca sentar un precedente en la provincia de Marga Marga, reforzando la persecución judicial frente a hechos que afecten la seguridad pública y la tranquilidad de las comunidades educativas.
Hasta ahora, no se han informado personas detenidas, pero las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público y las policías.
