El proyecto de reajuste al salario mínimo recibió hoy la aprobación general por parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, con una votación de 12 votos a favor y 1 en contra. Con este respaldo, se implementó una modificación al reajuste inicial propuesto por el Ejecutivo, que en su versión original planteaba un aumento de $7.546 en la remuneración mínima, pasando de $539.000 a $546.546.
Durante la sesión, el Ejecutivo presentó una nueva indicación, aumentando el reajuste hasta los $553.553, lo que representa un incremento de un 2,7% respecto al salario mínimo actual, es decir, unos $14.553 adicionales. Sin embargo, este ajuste no fue bien recibido por la oposición, quienes argumentan que el cálculo solo considera el IPC de abril y no tiene en cuenta el alza generalizada del costo de la vida, ni los efectos de la guerra en Medio Oriente, que aún afecta a la economía global.
Controversias y Desacuerdos en el Parlamento
La propuesta inicial de un aumento de alrededor de $7.000 fue criticada duramente en el Congreso, especialmente debido a la creciente presión por el aumento en los precios de los combustibles y otros productos esenciales.
En abril, las negociaciones entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no llegaron a un acuerdo, ya que la organización sindical demandaba un reajuste del 18,3%, lo que habría elevado el salario mínimo a $637.700, colocándolo por encima de la línea de la pobreza.
Contexto del Reajuste: Situación Fiscal y Reformas
El Ejecutivo justificó el reajuste inicial bajo el argumento de la delicada situación fiscal del país, además del incremento de los costos laborales y las nuevas cotizaciones previsionales, como parte de la reforma al sistema de pensiones. Esta reforma, que entrará en vigor en agosto de 2025, establece una cotización adicional del 1,0% a cargo del empleador, la cual se destinará tanto a las cuentas individuales de las AFP como al nuevo Seguro Social Previsional.
A largo plazo, con un aumento gradual de las cotizaciones durante nueve años, la contribución total del empleador al sistema previsional alcanzará un 8,5% de la remuneración imponible, lo que ha generado diversas reacciones entre los actores políticos y sociales.
