Con amplio consenso, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley que fortalece las sanciones penales por delitos vinculados a la violencia escolar, una medida impulsada por el Gobierno para proteger la seguridad y el respeto dentro de los espacios educativos.
La iniciativa, que complementa el programa “Escuelas Protegidas”, introduce agravantes penales para quienes cometan delitos contra miembros de la comunidad educativa, ya sea dentro de los establecimientos, en sus alrededores o durante actividades escolares. La votación final fue de 104 a favor, 16 en contra y 22 abstenciones, y el proyecto ahora se despacha al Senado.
Uno de los artículos centrales, aprobado con 81 votos favorables, establece que se considerará agravante penal “cometer delitos contra integrantes de comunidades educativas en el ejercicio de sus funciones o en actividades relacionadas con los establecimientos educacionales”. La norma incluye a estudiantes, padres, docentes, asistentes de la educación, equipos directivos y sostenedores, ampliando la protección frente a agresiones físicas, amenazas o daños a la propiedad. También contempla sanciones más severas en casos de violencia, intimidación o daños a la infraestructura, incluyendo incendios.
Además, se aumentan las penas para lesiones, amenazas y agresiones físicas cometidas por padres o apoderados contra funcionarios de los establecimientos, con el objetivo de reducir los episodios de violencia que afectan la convivencia escolar.
💬 Debate parlamentario:
Quienes respaldaron la medida destacaron la urgencia de proteger los espacios educativos y entregar herramientas legales frente al aumento de agresiones, resaltando el impacto en la salud mental de estudiantes y docentes. Por su parte, algunos legisladores alertaron que un enfoque solo punitivo “no aborda el problema de fondo”, insistiendo en la importancia de prevención, apoyo psicosocial y políticas de convivencia.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la iniciativa: “El Estado debe entregar una señal clara de protección hacia las comunidades educativas frente al incremento de agresiones registradas en los establecimientos educacionales”.
Con esta aprobación, el proyecto avanzará al Senado, donde continuará el debate sobre cómo equilibrar la sanción penal con políticas de prevención y fortalecimiento de la convivencia escolar.
