La justicia de Estados Unidos concretó la extradición del ciudadano chileno Alex Rodrigo Valenzuela Monje, de 24 años, conocido en internet como “VAL4K”, quien está acusado de sustraer y comercializar más de 26 mil registros de tarjetas de crédito.
El imputado fue entregado por las autoridades chilenas el 25 de febrero de 2026 y, al día siguiente, compareció ante la Corte Federal del Distrito de Utah, donde enfrenta cargos vinculados a delitos de fraude financiero. En su primera audiencia, se declaró inocente.
Según informó la Embajada de Estados Unidos en Chile, el joven fue acusado formalmente el 8 de agosto de 2023 por un gran jurado federal en Salt Lake City, en una causa que se mantuvo bajo reserva. Posteriormente, Washington presentó la solicitud de extradición, la cual fue aprobada por la Corte Suprema de Chile el 22 de abril de 2025.
Tras diversos recursos judiciales, Valenzuela Monje fue detenido el 14 de enero de 2026 y quedó a disposición para su traslado a territorio estadounidense.
Cómo operaba
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el acusado habría creado sitios web falsos que simulaban ser tiendas legítimas, ofreciendo supuestas promociones en vestuario y artículos tecnológicos. Al ingresar sus datos para concretar compras, las víctimas entregaban sin saberlo su información bancaria, la cual era capturada por el imputado.
Posteriormente, los registros eran comercializados a través de grupos en la aplicación Telegram, donde el chileno cobraba suscripciones para acceder a bases de datos con tarjetas de distintas marcas, incluyendo American Express. Para estas transacciones digitales utilizaba los alias “VAL4K” y “VALK4k2”, dirigiendo la venta —según la indagatoria— exclusivamente a compradores extranjeros.
Si bien no se ha precisado el monto total del perjuicio económico, las autoridades estiman que las ganancias obtenidas podrían ascender a cientos de miles de dólares.
Investigación internacional
La causa es liderada por la oficina del FBI en Salt Lake City, con apoyo de la Fiscalía Nacional de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), la agregaduría del FBI en Santiago y equipos con base en Miami.
Asimismo, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia estadounidense trabajó en coordinación con la Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Público chileno para concretar el proceso.
El imputado enfrenta cargos por tráfico de dispositivos de acceso no autorizado y transferencia ilegal de medios de identificación con fines delictivos, delitos federales que contemplan severas penas en el sistema judicial estadounidense.
