Con 134 votos a favor y 2 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que establece la realización obligatoria y periódica de alcotest y narcotest a los conductores de microbuses urbanos. La iniciativa, conocida como “Ley Alberto”, ahora deberá ser revisada por el Senado.
El proyecto surge tras el fallecimiento del estudiante del Liceo Eduardo de la Barra, Mauro Alberto Gómez Estay, quien perdió la vida luego de ser atropellado por un chofer que conducía bajo la influencia de drogas. El caso generó un amplio debate público sobre los estándares de seguridad en el transporte público.
El diputado por la región de Valparaíso, Luis Cuello (PC), autor de una de las mociones refundidas en el texto final, destacó el respaldo transversal alcanzado en la Sala. “Hoy día estamos muy satisfechos porque la Sala de la Cámara ha aprobado de forma casi unánime, con una mayoría abrumadora, este proyecto de ley que busca establecer una herramienta preventiva, que busca impedir que se arriesgue de forma innecesaria la vida de las personas que usan el transporte público”, señaló.
El parlamentario valoró además el rol de la familia de la víctima y el trabajo conjunto que permitió avanzar en la tramitación. “Quiero valorar la permanente lucha que ha dado Jennifer Estay, mamá de Alberto Gómez, que nos acompaña; también el trabajo conjunto con la diputada Carolina Marzán, con el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz y el subsecretario Jorge Daza, que en conjunto hemos logrado este resultado, que el proyecto pase al Senado porque es una necesidad urgente, una demanda de la sociedad”, afirmó.
Cuello subrayó que la medida busca resguardar la integridad de quienes utilizan diariamente el transporte público, especialmente estudiantes. “No es admisible demandar que nuestros hijos e hijas, que toman la micro todos los días, lleguen a la casa con vida. Al respecto, las empresas no se han hecho cargo y, como no se han hecho cargo, es necesario legislar”, enfatizó.
El proyecto establece que las empresas deberán realizar controles obligatorios de alcohol y drogas al menos dos veces por año, asegurando un intervalo mínimo de cuatro meses entre cada examen. Estos test no reemplazarán las fiscalizaciones que realizan las autoridades competentes, sino que se sumarán como una medida preventiva adicional.
Asimismo, las empresas deberán mantener un registro de la aplicación de las pruebas y remitirlo semestralmente a la autoridad correspondiente. En caso de incumplimiento, se contemplan multas a beneficio fiscal que van de 1,5 a 3 UTM (entre $104.626 y $209.253) por cada trabajador al que no se le haya practicado el examen.
Finalmente, el diputado destacó la presencia de dirigentes estudiantiles durante la sesión y llamó al Senado a tramitar el proyecto con celeridad para evitar que se repitan hechos similares. “Han sido justamente los estudiantes los más perjudicados, quienes más sufren los riesgos. Espero que el Senado pueda avanzar con rapidez para que esta iniciativa se convierta en ley de la República”, concluyó.
