El Ejecutivo puso en marcha una indagatoria para esclarecer el origen y desarrollo de la megatoma ubicada en San Antonio, ante sospechas de que la ocupación no habría sido completamente espontánea, sino que podría haber contado con planificación previa y apoyo logístico.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se informó que el análisis incluirá la revisión de imágenes aéreas y material fotográfico, con el fin de reconstruir cómo se fue expandiendo el asentamiento en el tiempo. La investigación también busca detectar el uso de herramientas como estudios topográficos o dispositivos tecnológicos que habrían facilitado la organización del terreno.
El ministro Iván Poduje planteó que existen indicios que apuntan a la participación de terceros en el proceso, tanto en la coordinación como en el financiamiento. En ese sentido, enfatizó la necesidad de identificar a quienes habrían proporcionado recursos técnicos, señalando que la toma presenta características que sugieren una ejecución planificada.
De comprobarse estos antecedentes, la información será derivada a instancias judiciales para determinar eventuales responsabilidades.
Versiones contrapuestas dentro del asentamiento
Desde el interior de la megatoma, sin embargo, algunos dirigentes sostienen una versión distinta. Aseguran que las primeras ocupaciones se produjeron de manera improvisada en el contexto posterior a 2019, cuando diversas familias comenzaron a instalarse sin una organización central definida.
Según relatan, fue solo tiempo después cuando el propietario del terreno tomó conocimiento de la situación y se generaron instancias de diálogo. En ese periodo, afirman, comenzaron a surgir propuestas más estructuradas respecto al uso del espacio.
Señalan rol de particular en organización posterior
En este contexto, habitantes del sector han apuntado a la figura de Luis Medel como un actor relevante en etapas posteriores del asentamiento. De acuerdo con testimonios, habría tenido participación en gestiones relacionadas con la propiedad y en la convocatoria a familias para consolidar la ocupación.
Algunos residentes indican que su intervención coincidió con un proceso más ordenado de distribución del terreno, lo que marcaría una diferencia respecto a las primeras etapas del asentamiento.
Debate por uso de recursos públicos
Paralelamente, el ministro Poduje cuestionó la posibilidad de destinar recursos fiscales para expropiar el terreno ya ocupado, advirtiendo que una decisión de ese tipo podría afectar a otros proyectos habitacionales en espera dentro de la comuna.
El caso continúa generando debate, tanto por el origen de la ocupación como por las eventuales medidas que el Estado podría adoptar frente a uno de los asentamientos irregulares más grandes del país.
