El Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso dio curso a una demanda de tutela laboral presentada contra el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), en una causa impulsada por la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Carolina Castro.
La acción judicial sostiene que se habrían vulnerado derechos fundamentales relacionados con la libertad sindical y el fuero laboral de la dirigenta, además de denunciar episodios de hostigamiento tras asumir su rol gremial.
Según explicó el abogado patrocinante, Diego Cunill, los hechos descritos en la demanda apuntan a una conducta reiterada por parte del servicio. “Se trata de una estrategia sistemática de persecución antisindical, que incluye intentos de desvinculación anticipada pese al fuero vigente, así como el uso de procesos disciplinarios y acciones judiciales para amedrentar su labor”, indicó.
En ese contexto, también se menciona que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) habría reconocido el cuadro de salud mental de la funcionaria como una enfermedad de origen laboral.
Desde la organización sindical, además, se cuestiona la presentación de una querella por presunto acceso ilícito a sistemas informáticos, interpuesta por funcionarios del propio servicio. Esta acción derivó en diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI), que incluyen la eventual incautación de un equipo computacional perteneciente a la demandante.
África Torres, dirigenta de la Federación de Funcionarios Públicos del Sector Pesca (AFIPES), aseguró que la situación responde a un problema sostenido en el tiempo. “Llevamos más de dos años enfrentando un acoso institucional que ha afectado tanto a la directiva como a otros trabajadores. Intentamos dialogar y exigir el cumplimiento de compromisos, pero la falta de apertura nos llevó a recurrir a la justicia”, afirmó.
Desde Sernapesca, en tanto, descartaron las acusaciones de persecución sindical. A través de una declaración pública, la institución sostuvo que sus actuaciones se han ajustado a la normativa vigente y a sus facultades legales.
En relación con la querella, precisaron que esta fue presentada por funcionarios a título personal, mientras que la investigación está en manos del Ministerio Público y las diligencias han sido ejecutadas por la PDI con autorización judicial, sin intervención del servicio.
Asimismo, indicaron que los procedimientos vinculados a la Ley Karin obedecen a obligaciones legales destinadas a prevenir y sancionar situaciones de acoso laboral, negando que estos constituyan actos de hostigamiento sindical.
La causa continuará su tramitación con una audiencia preparatoria fijada para el próximo 21 de julio.
