El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) confirmó la existencia de “inconsistencias graves” en el informe técnico elaborado tras el estallido de roca ocurrido en julio de 2023 en la mina El Teniente, propiedad de Codelco. Estos antecedentes podrían estar vinculados al accidente de 2025 que provocó la muerte de seis trabajadores. Ante esta situación, el organismo decidió remitir la información tanto a la Fiscalía como a la Contraloría General de la República para su revisión.
En un comunicado, Sernageomin indicó que “el viernes 13 de febrero se instruyó a Codelco la entrega inmediata y obligatoria de toda la documentación técnica y administrativa analizada por su directorio. En cumplimiento de esta exigencia, la compañía remitió la totalidad de los antecedentes en el plazo requerido, los cuales confirman inconsistencias graves entre la operación real de la mina y lo reportado oficialmente a la autoridad”.
Los documentos proporcionados por la propia empresa evidencian discrepancias significativas entre la actividad real de la faena y los informes oficiales.
En este marco, el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de Codelco y se trasladó personalmente a la Gerencia General de la minera, donde notificó formalmente el inicio de un proceso de revisión exhaustivo.
Sernageomin señaló que “se notificó a la empresa que no se aceptarán únicamente informes procesados, exigiéndose acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico, subrayando que no se tolerará ninguna desviación en el flujo de información, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales”.
Tras un análisis preliminar, el organismo anunció la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público, con el fin de que se investigue la eventual comisión de delitos asociados al ocultamiento o alteración de información crítica para la seguridad minera.
Además, dada la naturaleza estatal de la compañía, Sernageomin interpuso también una denuncia ante la Contraloría, para que evalúe responsabilidades administrativas y el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que rigen a los organismos del Estado.
