El ajuste en las tarifas eléctricas, vinculado a la deuda acumulada durante la pandemia, comenzará a reflejarse en las cuentas de luz a partir del segundo semestre, impactando especialmente a un segmento de usuarios con aumentos significativos.
Más de 400 mil hogares enfrentarán fuertes alzas
De acuerdo con estimaciones de la Superintendencia de Combustibles y Electricidad (SEC), cerca de 430 mil hogares podrían registrar incrementos de entre un 10% y un 20% en sus cuentas eléctricas desde julio.
Este reajuste forma parte del proceso de normalización del sistema tarifario, luego de la postergación de cobros aplicada durante la emergencia sanitaria.
Ajuste fue postergado tras presión política
Inicialmente, el alza debía comenzar en abril, sin embargo, fue aplazada tras solicitudes de parlamentarios y actores del sector energético. La SEC confirmó que actualmente se encuentra recalculando los montos, considerando distintos factores técnicos.
Los antecedentes fueron revelados a través de una solicitud de Transparencia realizada por el académico Humberto Verdejo, de la Usach, y posteriormente difundidos por El Mercurio.
Impacto desigual en los clientes
El efecto del ajuste no será uniforme. Según las proyecciones:
- Alrededor de 4 millones de hogares tendrán aumentos menores al 5%.
- Unos 1,5 millones de usuarios enfrentarán alzas entre 5% y 10%.
- Otro grupo cercano a 1,5 millones verá una disminución en sus cuentas, debido a devoluciones programadas.
Gobierno busca reducir impacto en la ciudadanía
Desde el Ejecutivo, la ministra de Energía, Ximena Rincón, valoró la postergación del alza, señalando que se trabaja en una solución que permita mitigar el impacto en las familias.
“La buena noticia es que no hay alza desde abril, pero estamos buscando una fórmula que evite que las cuentas suban significativamente”, indicó la autoridad.
Críticas por retraso en el pago de la deuda
Pese a la prórroga, el aplazamiento del pago de aproximadamente 800 millones de dólares ha generado cuestionamientos desde el ámbito económico.
El economista Jorge Hermann criticó la decisión, calificándola como una medida de carácter político y señalando que no existirían fundamentos técnicos suficientes para justificar el retraso.
