El plan de expulsiones impulsado por el Gobierno enfrenta su mayor dificultad luego que la Policía de Investigaciones (PDI) reconociera que cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos no pueden ser deportados, pese a contar con órdenes vigentes.
La cifra fue dada a conocer en el Congreso, donde se advirtió que estas expulsiones pendientes corresponden a un grupo significativo dentro del total de extranjeros con órdenes de salida del país, generando un cuello de botella estructural en la política migratoria.
El principal problema radica en la falta de condiciones para concretar el retorno a Venezuela, lo que impide ejecutar las medidas pese a que ya fueron dictadas por la autoridad competente.
Este escenario complica los objetivos del Ejecutivo, que busca acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular, en medio de un debate sobre la efectividad del plan y su viabilidad en el corto plazo.
La situación reabre la discusión sobre la política migratoria en Chile, considerando que una parte importante de las órdenes de expulsión corresponde precisamente a ciudadanos venezolanos, lo que dificulta avanzar en resultados concretos dentro del programa gubernamental.
