Un importante respaldo ciudadano obtuvo el plan “Escuelas Protegidas” impulsado por el gobierno para enfrentar la violencia en establecimientos educacionales, según reveló la última encuesta Cadem.
De acuerdo con el sondeo, un 70% de los consultados apoya la iniciativa, que busca reforzar la seguridad en los colegios frente al aumento de hechos violentos.
Las medidas más estrictas cuentan con alta aprobación. Un 88% está de acuerdo con sancionar o incluso expulsar a estudiantes involucrados en hechos de violencia, mientras que un 75% respalda que estos no puedan acceder a la gratuidad en la educación superior.
En la misma línea, un 91% considera que la seguridad de los alumnos debe prevalecer por sobre la privacidad. Entre las acciones concretas, el 79% apoya la instalación de detectores de metales, el 77% la revisión de mochilas y el 74% el uso de cámaras con reconocimiento facial en los accesos.
Sin embargo, pese al respaldo general, persisten dudas sobre su impacto real: solo un 38% cree que el plan será muy efectivo para reducir la violencia, mientras que un 32% lo considera “algo efectivo” y un 24% estima que tendrá poco o ningún efecto.
Responsabilidad compartida y preocupación por la calidad
En cuanto a las causas de la violencia escolar, un 41% atribuye la responsabilidad a todos los actores involucrados, aunque un 31% apunta principalmente a las familias y apoderados. Además, un 42% cree que algunos profesores contribuyen o incentivan los desórdenes, y un 56% considera que existen apoderados que justifican conductas violentas.
El estudio también refleja una fuerte crítica al sistema educativo: un 73% califica la calidad de la educación en Chile como mala o muy mala. No obstante, un 81% evalúa positivamente a los colegios privados.
Frente a este escenario, el 41% considera que la principal prioridad del gobierno en educación debería ser reducir la desigualdad entre establecimientos públicos, subvencionados y privados.
CAE y evaluación presidencial
En materia de financiamiento estudiantil, un 80% está de acuerdo con cobrar judicialmente la deuda del CAE a quienes perciben ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales, mientras que un 75% respalda ofrecer convenios de pago a quienes ganan menos.
Finalmente, la encuesta indica que la aprobación del Presidente Kast se mantiene en 41%, mientras que un 54% desaprueba su gestión, sin variaciones significativas respecto a la medición anterior.
