La fórmula del Gobierno obtuvo seis votos a favor y tres en contra. El acuerdo contempla recursos para cubrir la pérdida del Fondo Común Municipal y de los ingresos directos de las comunas.
La comisión mixta encargada de resolver las diferencias pendientes de la denominada megarreforma tributaria aprobó este miércoles la propuesta del Gobierno para compensar a los municipios por la exención del pago de contribuciones destinada a personas mayores de 65 años.
La fórmula fue respaldada por seis parlamentarios y rechazada por tres, resolviendo así el único punto de la iniciativa que permanecía pendiente tras su paso por la Cámara de Diputadas y Diputados.
La votación contó con el apoyo de los legisladores oficialistas, mientras que representantes de la oposición se pronunciaron en contra.
El diputado socialista Daniel Manouchehri se retiró de la sesión y no participó en la resolución.
Gobierno asegura que la compensación será del 100%
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que la propuesta aprobada amplía el mecanismo incluido inicialmente en el proyecto.
La fórmula original cubría la disminución de recursos que recibiría el Fondo Común Municipal como consecuencia de la exención de contribuciones.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado en la comisión mixta también incorpora la pérdida de los ingresos directos que dejarán de recibir las municipalidades.
“El proyecto de ley original compensaba enteramente el efecto en el Fondo Común Municipal. Lo que se acaba de aprobar agrega el efecto directo de los municipios; por lo tanto, la compensación es total: un 100%”, afirmó Quiroz.
El impacto de la exención y sus consecuencias sobre la recaudación municipal había sido uno de los asuntos más discutidos durante la tramitación de la iniciativa.
Recursos para el Fondo Común Municipal
El mecanismo aprobado contempla una compensación equivalente a 1,5 millones de Unidades Tributarias Mensuales, monto estimado en aproximadamente $110 mil millones.
A ello se agregarían otros $80 mil millones destinados a cubrir la disminución de los ingresos propios permanentes de las municipalidades.
Para acceder a esta última partida, los municipios deberán cumplir de manera conjunta dos condiciones establecidas por la Dirección de Presupuestos.
Las municipalidades tendrán que informar mensualmente la totalidad de su personal contratado y a honorarios.
Además, deberán asumir el compromiso de reducir en un 30% los tiempos asociados a determinados trámites municipales.
Financiamiento genera diferencias políticas
El uso de recursos del Tesoro Público para financiar la compensación abrió un debate entre los parlamentarios.
El diputado del Frente Amplio Jorge Brito cuestionó que la medida sea financiada mediante los tributos generales del país, considerando el peso que tiene el IVA dentro de la recaudación fiscal.
Brito sostuvo que este mecanismo terminaría cubriendo la exención de contribuciones en comunas de altos ingresos, como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.
Desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero valoró el acuerdo y señaló que representa una buena noticia para los municipios.
Romero argumentó que la alternativa era aprobar la exención sin entregar una compensación por los recursos que dejarían de percibir las comunas.
Tenso intercambio durante la sesión
La discusión estuvo marcada por un fuerte cruce entre la senadora socialista Danisa Astudillo y el senador independiente de la bancada republicana Rodolfo Carter.
Astudillo cuestionó que se establezcan obligaciones para las municipalidades, pero no condiciones similares para las empresas que accedan a rebajas tributarias.
La legisladora advirtió que las comunas más pequeñas podrían tener mayores dificultades para cumplir los requisitos y, como consecuencia, enfrentar retrasos en la recepción de los recursos.
Carter respondió instándola a “controlarse” y acusó a sectores opositores de mantener posiciones excesivamente radicalizadas.
Proyecto pasa a las salas de la Cámara y el Senado
El informe de la comisión mixta deberá ser votado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente por el Senado.
La ratificación de ambas corporaciones permitiría concluir la tramitación ordinaria del proyecto en el Congreso.
La iniciativa, denominada oficialmente proyecto para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, contempla además una reducción del impuesto corporativo y distintos incentivos tributarios para la inversión.
Gobierno evalúa posibles vetos presidenciales
Pese al avance legislativo, el Ejecutivo analiza presentar vetos presidenciales para modificar o eliminar algunas disposiciones incorporadas durante la discusión parlamentaria.
Entre los asuntos cuestionados se encuentran las normas relacionadas con el denominado derecho al olvido financiero y la prohibición del anatocismo, que corresponde al cobro de intereses sobre intereses.
El Banco Central habría advertido que las modificaciones sobre información financiera podrían afectar derechos sobre los datos bancarios, debilitar los incentivos para cumplir las obligaciones y restringir el acceso al crédito.
Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero planteó reparos sobre la prohibición del anatocismo, debido a sus posibles efectos sobre depósitos, repactaciones, líneas de crédito y préstamos. La eliminación de este mecanismo ya había generado preocupación durante las etapas anteriores de la discusión.
La reforma entra ahora en su etapa final, en medio de diferencias entre el oficialismo y la oposición y de eventuales impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.
imagen : @Joel Torres
