El fallo acoge un amparo de dos funcionarios y ordena devolver los equipos incautados y borrar los datos obtenidos.
El máximo tribunal confirmó lo resuelto antes por la Corte de Apelaciones de Valparaíso: el operativo que la PDI realizó el 11 de septiembre en la Municipalidad de Llay Llay no tuvo justificación y afectó la libertad personal de los dos trabajadores que recurrieron a la justicia.
Según el fallo, los agentes pidieron equipos sin una orden judicial debidamente fundada. A uno de los funcionarios, además, lo mantuvieron cuatro horas en su oficina, incomunicado, mientras se gestionaba una autorización verbal. Ese día circularon en la prensa versiones sobre una supuesta detención del alcalde Edgardo González Arancibia, que el municipio desmintió.
La Corte consideró que la medida fue desproporcionada y que no había antecedentes objetivos que vincularan a los funcionarios con los delitos investigados. Por eso dejó sin efecto la autorización judicial, instruyó a la Fiscalía restituir cuanto antes los computadores de trabajo y los teléfonos personales, y exigió eliminar todos los datos obtenidos.
El alcalde González Arancibia sostuvo que la resolución confirma que las actuaciones del municipio se ajustaron a la ley, que las obras se ejecutaron de forma correcta y que no hay daño al patrimonio público. Aseguró que mantienen la tranquilidad y la disposición a colaborar, pero calificó el fallo como una señal contundente sobre la debilidad, el sesgo y la falta de diligencia de la investigación de la Brigada de Delitos Económicos de Los Andes, a la que acusó de vulnerar gravemente los derechos de sus funcionarios.
