ENAP quedó bajo fuerte atención pública tras conocerse antecedentes sobre una presunta alteración de registros ambientales informados a la autoridad. El caso apunta a datos vinculados al cumplimiento de límites de contaminantes en el plan que rige para Concón, Quintero, Puchuncaví, zona marcada por alta sensibilidad ambiental.
La situación fue advertida a inicios de año al interior del directorio de la estatal. Desde ese momento se pidieron antecedentes internos para aclarar el origen de los datos, el rol de funcionarios involucrados, además del alcance de la información remitida a la Superintendencia del Medio Ambiente.
El tema escaló tras la junta de accionistas de ENAP, realizada de forma reservada, con presencia de autoridades del Gobierno. La ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló que existen contingencias legales ambientales consideradas graves, por lo que se solicitó un informe con plazo máximo de 15 días.
Bajo la conducción del nuevo presidente del directorio, Cristián Muga, la empresa busca acelerar la revisión del caso. Las medidas en evaluación podrían tener alcance administrativo, regulatorio o penal, según los antecedentes que logren establecerse durante la investigación interna.
El episodio se conoce en medio de un resultado financiero relevante para la firma estatal: Hacienda informó que el 70% de las utilidades de ENAP de 2025, equivalentes a US$848 millones, serán transferidas al Estado. Sin embargo, el foco principal quedó instalado en la confiabilidad de los reportes ambientales entregados por la empresa.
