El dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penales (ANFUP) fue arrestado en el marco de la Operación Apocalipsis, indagatoria que reveló una presunta estructura dedicada al ingreso de elementos prohibidos en recintos penitenciarios. En su domicilio se encontraron armas y municiones, según antecedentes de la investigación.
La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó la detención de Alex Vega Torres, funcionario de Gendarmería y dirigente histórico de la Asociación Nacional de Funcionarios Penales (ANFUP), en el marco de la investigación derivada de la denominada Operación Apocalipsis, causa que busca esclarecer una presunta red de corrupción al interior del sistema penitenciario chileno.
Vega Torres cumplía funciones en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, uno de los principales focos de la investigación liderada por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).
Durante el procedimiento realizado en su domicilio, investigadores encontraron armas y municiones, mientras que la Fiscalía lo indaga por eventuales delitos asociados a lavado de activos, cohecho y apremios ilegítimos, según los antecedentes conocidos del caso.
Una investigación que sacudió a Gendarmería
La detención de Vega Torres se suma a una investigación de gran alcance que comenzó a tomar forma durante 2025 y que derivó en la Operación Apocalipsis, operativo nacional ejecutado por la Fiscalía Metropolitana Occidente junto a la PDI.
La investigación permitió identificar una presunta estructura que operaba principalmente desde los penales Santiago 1 y San Joaquín, donde funcionarios penitenciarios habrían colaborado con civiles e internos para facilitar el ingreso irregular de distintos elementos.
Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, la red habría permitido el ingreso de productos prohibidos como:
- teléfonos celulares;
- drogas;
- alcohol;
- dinero;
- alimentos;
- otras especies restringidas dentro de los recintos penitenciarios.
El mecanismo investigado incluía pagos a funcionarios para evadir controles internos y facilitar estas operaciones.
Más de $6.300 millones bajo investigación
La Fiscalía señaló que la organización habría movilizado más de $6.300 millones en un período aproximado de tres años, producto de las actividades investigadas.
El operativo inicial dejó decenas de detenidos, incluyendo funcionarios de Gendarmería y civiles. La investigación involucró diligencias en distintas regiones del país y más de 500 efectivos policiales participaron del despliegue.
¿Quién es Alex Vega Torres?
Vega Torres, de 47 años, era conocido dentro del mundo penitenciario por su trayectoria como dirigente gremial.
Desde 2017 comenzó a participar en actividades sindicales vinculadas a trabajadores penitenciarios y posteriormente asumió cargos de liderazgo dentro de la Asociación Nacional de Funcionarios Penales (ANFUP), organización que agrupa a miles de funcionarios.
Su posición lo convirtió en uno de los representantes más visibles del personal penitenciario, aunque su nombre comenzó a aparecer en distintas investigaciones relacionadas con hechos ocurridos al interior de Santiago 1.
Antecedentes previos bajo revisión
Antes de su detención actual, Vega Torres ya había enfrentado cuestionamientos administrativos.
En 2022 recibió una sanción luego de participar en un asado con consumo de alcohol dentro de dependencias vinculadas al recinto penitenciario, según antecedentes recopilados por investigaciones periodísticas.
Además, su nombre aparece mencionado en una causa reabierta por la muerte de un interno ocurrida en Santiago 1 en enero de 2018. La Fiscalía solicitó reabrir esa investigación tras la aparición de nuevos antecedentes y declaraciones incorporadas al expediente.
Crisis de confianza dentro del sistema penitenciario
La Operación Apocalipsis abrió nuevamente el debate sobre los controles internos en las cárceles chilenas y la capacidad del Estado para impedir que funcionarios públicos sean captados por redes criminales.
Desde Gendarmería han señalado que los funcionarios involucrados en estas investigaciones representan casos individuales y que la institución mantiene procesos internos para separar a quienes sean formalizados o condenados por delitos.
La investigación continúa abierta y será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades penales correspondientes.
