El sujeto engañó a cuatro familias que habían perdido sus viviendas en febrero de 2024, ofreciéndoles soluciones habitacionales y trámites que nunca concretó. La justicia acreditó un perjuicio de $600 mil y rechazó los intentos de su defensa por anular la sentencia.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la condena de tres años de presidio efectivo contra Cristian Arturo Contreras Halabi, de 50 años, declarado culpable de estafar reiteradamente a cuatro personas damnificadas por el megaincendio que afectó a Viña del Mar en febrero de 2024.
El condenado aprovechó la situación de vulnerabilidad de familias que habían perdido sus hogares para presentarse falsamente como arquitecto y ofrecer servicios de reconstrucción, regularización de terrenos y gestiones administrativas que nunca realizó.
El fallo, correspondiente a la causa Rol N.º 2290-2026, rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa y mantuvo la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, que contempla además una multa de cinco Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Se acercó a las víctimas pocos días después del megaincendio
Uno de los antecedentes más relevantes establecidos durante el juicio sitúa el inicio de los engaños el 14 de febrero de 2024, cuando el acusado abordó a una persona damnificada en dependencias municipales.
En aquella oportunidad aseguró ser arquitecto y tener vínculos con organismos públicos, además de contactos que supuestamente facilitarían la reconstrucción de viviendas.
El hombre ofrecía gestionar trámites ante el Conservador de Bienes Raíces, regularizar títulos de dominio y conseguir materiales de construcción, generando confianza entre personas que buscaban recuperar sus hogares.
Posteriormente visitó terrenos afectados por el incendio, reforzando su supuesta experiencia profesional.
Recibió $600 mil de cuatro damnificados
La investigación acreditó que Contreras Halabi consiguió que cuatro víctimas entregaran diferentes cantidades de dinero, acumulando un perjuicio económico de $600.000.
Los pagos fueron realizados mediante transferencias y depósitos a una cuenta bancaria asociada a una sociedad de su propiedad.
Según los hechos establecidos por el tribunal, el dinero fue solicitado para supuestas gestiones de regularización, construcción de una fosa y compra de materiales.
Sin embargo, los jueces concluyeron que el condenado utilizó los fondos en beneficio personal, sin ejecutar los trabajos comprometidos.
Defensa intentó anular la sentencia
Durante la tramitación judicial, los abogados del acusado argumentaron que los hechos correspondían a un incumplimiento contractual y no a una estafa.
También cuestionaron la valoración de las declaraciones de las víctimas y la proporcionalidad de la pena.
La Corte de Apelaciones desestimó estos planteamientos y concluyó que la sentencia estableció suficientemente la existencia de engaños destinados a obtener dinero de los afectados.
Respecto de los tres años de presidio, el tribunal explicó que la reiteración de los delitos justificaba el aumento de la pena dentro de los márgenes contemplados por la legislación penal.
Antecedentes judiciales y rechazo de una pena alternativa
Otro aspecto abordado durante el proceso fue la existencia de una condena anterior, correspondiente al año 2017.
La defensa cuestionó que ese antecedente fuera considerado para negar una pena sustitutiva, sosteniendo que la condena ya se encontraba cumplida.
Sin embargo, la Corte determinó que ese cuestionamiento debía tramitarse mediante un recurso de apelación y no a través del recurso de nulidad utilizado.
De esta manera, quedó vigente la sentencia de tres años de presidio efectivo.
Damnificados valoraron la decisión judicial
Entre las personas afectadas se encuentra Rosa Lillo, vecina de Villa Independencia, uno de los sectores golpeados por la catástrofe de febrero de 2024.
En declaraciones recogidas por La Estrella de Valparaíso, la mujer expresó alivio por la decisión judicial, aunque consideró insuficiente la duración de la condena, debido a los antecedentes del condenado.
El caso refleja cómo personas que atravesaban una emergencia habitacional fueron engañadas mediante falsas promesas de reconstrucción.
La sentencia constituye un nuevo antecedente judicial relacionado con los perjuicios sufridos por familias afectadas por el megaincendio de 2024, esta vez a consecuencia de delitos cometidos durante el proceso de recuperación.
