El Ejecutivo anunció una ofensiva legislativa para fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas en La Araucanía y Biobío, en medio de la prórroga del estado de excepción.
El Gobierno anunció una nueva ofensiva legislativa para reforzar el rol de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur, en el marco de la prórroga del estado de excepción vigente en las regiones de La Araucanía y Biobío.
La iniciativa contempla entregar nuevas atribuciones operativas a los efectivos militares desplegados en la zona, incluyendo facultades para realizar controles de identidad, registros y detenciones en caso de flagrancia.
Durante la sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la continuidad del estado de excepción y aseguró que la violencia rural ha registrado una disminución significativa desde 2023.
Según explicó la autoridad, el Ejecutivo ingresó un proyecto para modificar la ley orgánica de los estados de excepción constitucional, con el objetivo de permitir que las Fuerzas Armadas cuenten con mayores herramientas durante su despliegue en la Macrozona Sur.
La propuesta incluye controles preventivos e investigativos de identidad, revisión de vestimentas, equipajes y vehículos, además de detenciones en flagrancia. Junto con ello, el Gobierno evalúa implementar un mando militar unificado para toda la Macrozona Sur, con el propósito de mejorar la coordinación territorial y operativa.
Gobierno pondrá urgencia a ley de reparación para víctimas
En paralelo, el ministro del Interior confirmó que el Ejecutivo pondrá urgencia al proyecto de reparación para víctimas de violencia rural, iniciativa ingresada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
El proyecto busca establecer un sistema formal de reconocimiento, calificación y reparación para personas afectadas por hechos de violencia en el sur del país.
La iniciativa considera la creación de una comisión calificadora, programas de acompañamiento y reparación integral, además de un registro oficial de víctimas.
De acuerdo con Alvarado, el Gobierno también pretende introducir modificaciones al texto, entre ellas excluir del beneficio a personas condenadas por terrorismo o crimen organizado.
Asimismo, el Ejecutivo busca que la comisión encargada de calificar a las víctimas sea independiente de la Subsecretaría del Interior, con el fin de evitar discrecionalidad política y reforzar la transparencia del sistema.
Ejecutivo revisará criterios de compra de tierras
Otro de los puntos abordados por el ministro fue la política de compra de tierras en La Araucanía. Alvarado adelantó que el Gobierno revisará los criterios de tasación utilizados actualmente para la adquisición de predios por parte del Estado.
Según sostuvo, factores considerados subjetivos, como el valor cultural o paisajístico de los terrenos, han contribuido a encarecer las compras estatales.
El titular de Interior afirmó que eliminar esos criterios permitiría reducir entre un 20% y un 25% el valor de adquisición de los terrenos, lo que aumentaría la cantidad de hectáreas que el Estado podría comprar con el mismo presupuesto.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca fortalecer la acción del Estado en la Macrozona Sur, combinando mayores facultades operativas para las Fuerzas Armadas, reparación a víctimas de violencia rural y ajustes a la política de compra de tierras.
