El Gobierno trabaja en una serie de modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en medio del debate público que se reactivó tras el homicidio de Alejandro Águila en la comuna de San Bernardo.
El caso volvió a poner en discusión las sanciones que reciben los menores de edad involucrados en delitos violentos y abrió nuevamente el debate sobre eventuales cambios al sistema penal juvenil.
Pese a la contingencia, desde el Ejecutivo ya venían analizando esta materia desde hace al menos dos semanas. En ese contexto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvieron reuniones para revisar posibles ajustes a la actual normativa.
Durante esos encuentros, ambas autoridades evaluaron distintas alternativas orientadas a endurecer las sanciones en casos de delitos de mayor gravedad cometidos por adolescentes.
Proyecto presentado en 2022 sería la base de los cambios
La discusión que mantiene el Gobierno toma como punto de partida una moción parlamentaria presentada en 2022 por el actual senador Andrés Longton, de Renovación Nacional.
La iniciativa se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional y quedó en condiciones de ser votada en general por la Sala del Senado.
A diferencia de otras propuestas que plantean modificar la edad de imputabilidad penal, este proyecto busca cambiar las reglas que permiten rebajar las penas aplicadas a adolescentes de entre 14 y 17 años.
Ese rango de edad es precisamente uno de los puntos centrales del debate, especialmente cuando se trata de menores involucrados en delitos violentos o de alta connotación pública.
Adolescentes de 16 y 17 años podrían enfrentar reglas del sistema adulto
Una de las principales modificaciones que analiza La Moneda contempla la creación de un mecanismo de transferencia judicial.
Esta herramienta permitiría que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados bajo las normas del sistema penal adulto cuando se les impute la participación en delitos especialmente graves.
Entre los ilícitos considerados estarían homicidios, secuestros, uso de artefactos explosivos y otros delitos incluidos en un catálogo de alta gravedad.
Sin embargo, esta medida no se aplicaría de manera automática. Para que opere, el Ministerio Público tendría que solicitarla formalmente y luego un juez debería resolver su procedencia en una audiencia especial, con participación de la defensa del adolescente imputado.
Gravedad del delito y reincidencia serían factores clave
Para determinar si un menor debe ser juzgado bajo reglas del sistema penal adulto, la justicia tendría que analizar distintos antecedentes del caso.
Entre los criterios considerados estarían la gravedad del delito, el nivel de participación del imputado, sus antecedentes penales, la eventual reincidencia y el riesgo que pueda representar para la seguridad de la sociedad.
Además, las indicaciones que estudia el Ejecutivo incluirían normas específicas sobre reincidencia en adolescentes mayores de 14 años.
Otra de las medidas en evaluación apunta a permitir el traslado a recintos penitenciarios para adultos de jóvenes que cumplan 18 años mientras aún se encuentran cumpliendo condena por delitos considerados de mayor gravedad.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca responder al aumento de la preocupación ciudadana por la participación de menores en delitos violentos, aunque la discusión legislativa todavía deberá avanzar en el Congreso.
