El Presidente José Antonio Kast anunció la suspensión de nuevas tramitaciones y una revisión de los beneficios ya concedidos. La controversia involucra a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores y abrió una crisis política que también llegó al Congreso y a la Fiscalía.
Santiago, lunes 26 de octubre de 2026. El Presidente de la República, José Antonio Kast, asumió este lunes la responsabilidad política de su Gobierno por la controversia generada tras conocerse las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Desde el Palacio de La Moneda, el Mandatario reconoció la gravedad de lo ocurrido y dirigió un mensaje a las víctimas, algunas de las cuales hoy son jóvenes o adultos que debieron enfrentar nuevamente las consecuencias de los delitos sufridos durante su infancia.
«El Estado les falló», afirmó Kast, al reconocer que las explicaciones administrativas o jurídicas no eliminan el daño que puede provocar una decisión de esta naturaleza.
El jefe de Estado anunció que el Ejecutivo mantendrá suspendida la tramitación de nuevas rebajas de condena para este tipo de delitos, revisará individualmente los decretos ya ejecutados y promoverá cambios legales para impedir que situaciones similares vuelvan a producirse.
¿Qué ocurrió con las rebajas de condena?
La controversia comenzó luego de conocerse que el Ministerio de Justicia había concedido reducciones de pena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
De acuerdo con los antecedentes publicados sobre el caso, 27 de los beneficiarios fueron condenados por abuso sexual y otros 29 por violación.
Las resoluciones fueron adoptadas mediante decretos administrativos asociados al mecanismo de reducción de condenas por conducta penitenciaria contemplado en la Ley 19.856.
El problema surgió por la interpretación de las restricciones incorporadas a la legislación en 2022, que excluyeron del beneficio a determinados condenados por delitos sexuales contra menores.
El Ministerio de Justicia sostuvo que existían dificultades jurídicas para aplicar esas restricciones a delitos cometidos antes de la modificación legal, mientras que diversos sectores políticos y especialistas cuestionaron el criterio utilizado por la cartera.
Rabat reconoce que los decretos fueron ejecutados
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN que los 56 decretos ya habían sido ejecutados.
Consultado sobre si todas las personas beneficiadas se encontraban actualmente en libertad, el secretario de Estado reconoció que no contaba con una revisión completa de los casos y señaló que era probable que así fuera.
Esta declaración abrió nuevas interrogantes sobre las consecuencias concretas de las rebajas y sobre las posibilidades legales de revertir decisiones administrativas que ya produjeron efectos.
Por ahora, el Gobierno no ha presentado públicamente un balance individualizado que permita establecer con certeza cuántos beneficiarios permanecen en libertad.
Kast ratifica a Fernando Rabat como ministro de Justicia
Pese a los cuestionamientos provenientes de la oposición y de sectores oficialistas, el Presidente Kast decidió mantener al ministro Fernando Rabat en su cargo.
El Mandatario argumentó que una eventual salida del secretario de Estado no resolvería el problema de fondo y le encomendó liderar las medidas destinadas a corregir el procedimiento.
La decisión se produjo en medio de una creciente presión política sobre el titular de Justicia, cuya gestión ha sido cuestionada por la firma de los decretos y por la falta de consideración de las víctimas en el proceso.
Rabat, por su parte, ha defendido que sus actuaciones se ajustaron a la normativa y a la jurisprudencia judicial, aunque reconoció que faltó evaluar adecuadamente las consecuencias políticas y humanas de las decisiones.
Gobierno estudia cómo revertir los beneficios ya concedidos
Uno de los mayores desafíos que enfrenta el Ejecutivo es determinar si las rebajas de condena otorgadas pueden quedar sin efecto.
El Ministerio de Justicia analiza alternativas administrativas para revisar las resoluciones y también propuestas legislativas que podrían permitir abordar los beneficios ya concedidos.
Sin embargo, la suspensión de nuevas solicitudes no significa que los decretos ejecutados queden automáticamente anulados.
Cualquier medida destinada a revertirlos deberá ajustarse a las normas vigentes y superar las eventuales controversias jurídicas que puedan surgir.
Por esta razón, todavía no existe certeza sobre cuántas resoluciones podrían modificarse ni sobre las consecuencias que ello tendría para sus beneficiarios.
Congreso prepara cambios a la legislación
En paralelo, el Gobierno y parlamentarios de distintos sectores trabajan en propuestas para modificar el sistema de rebajas de condena.
Entre las medidas planteadas se encuentran establecer restricciones más claras para condenados por delitos sexuales contra menores, incorporar formalmente la participación de las víctimas y entregar mayores facultades de revisión a los tribunales.
También se ha reactivado el debate sobre la creación de tribunales especializados en ejecución de penas, que permitirían entregar a órganos judiciales la resolución de controversias relacionadas con el cumplimiento de condenas y beneficios penitenciarios.
El senador Vlado Mirosevic, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, anunció que la instancia comenzará a discutir iniciativas relacionadas con esta materia durante la semana.
El Ejecutivo, en tanto, busca acelerar la tramitación de los cambios mediante acuerdos con distintas fuerzas políticas.
Diputados presentan denuncia ante la Fiscalía
La controversia también llegó al ámbito penal.
Los diputados Luis Cuello, del Partido Comunista, y Juan Santana, del Partido Socialista, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional contra el ministro Fernando Rabat y el subsecretario de Justicia, Luis Silva.
La acción solicita investigar una eventual prevaricación administrativa relacionada con la dictación de los decretos.
La presentación constituye una denuncia que deberá ser evaluada por el Ministerio Público y no implica que exista una responsabilidad penal establecida.
Una crisis que pone el foco en las víctimas
Más allá de las diferencias políticas y jurídicas, el caso abrió un debate sobre la protección de las víctimas de delitos sexuales y su participación en decisiones que pueden modificar el tiempo de cumplimiento de las condenas.
Las propuestas actualmente en discusión buscan incorporar mecanismos que permitan escuchar a las personas afectadas antes de resolver solicitudes de reducción de penas.
El Presidente Kast llamó al Congreso a avanzar con rapidez en una solución legislativa y sostuvo que la protección de niños, niñas y adolescentes debe estar por encima de las diferencias partidarias.
La principal interrogante sigue abierta: si el Gobierno podrá revertir las rebajas ya ejecutadas y establecer un mecanismo legal que impida la repetición de casos similares.
Mientras tanto, la continuidad del ministro Rabat y el avance de las reformas anunciadas seguirán marcando la agenda política durante los próximos días.
