La iniciativa contempla sanciones de hasta cinco años sin beneficios sociales para quienes sean inscritos en el nuevo registro. La oposición cuestionó la proporcionalidad de las medidas y realizó reserva de constitucionalidad.
El proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades fue dado a cuenta este lunes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados con suma urgencia, en el marco de la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno.
La iniciativa busca establecer sanciones para personas que cometan actos vandálicos o incivilidades, contemplando la suspensión de beneficios sociales por periodos que van desde uno hasta cinco años, dependiendo de la conducta y de la reincidencia.
Qué propone el proyecto
El registro no crea nuevos delitos, pero sí establece consecuencias adicionales para una serie de conductas ya sancionadas por la normativa vigente o por los juzgados correspondientes.
Entre las acciones consideradas se encuentran rayados en la vía pública, agresiones a funcionarios, evasión del pago del transporte público, elaboración o venta de alimentos en la calle sin autorización municipal y organización de loterías no autorizadas.
En el caso de actos vandálicos, la inscripción podría extenderse por cinco años. Para menores de edad, el plazo inicial sería de dos años. En situaciones de reincidencia, la permanencia en el registro aumentaría de forma progresiva.
Para otras incivilidades, la primera inscripción sería de un año, subiendo a dos años en una primera reincidencia y a tres años en casos posteriores.
Oposición cuestiona proporcionalidad
La discusión generó críticas desde la oposición, donde parlamentarios realizaron reserva de constitucionalidad. Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el proyecto podría aplicar sanciones similares a conductas de distinta gravedad.
El diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, advirtió que el texto podría entregar un tratamiento parecido a delitos graves y a faltas menores, lo que a juicio de la oposición abre dudas sobre la proporcionalidad de la medida.
También surgieron reparos por la inclusión de loterías no autorizadas, ya que parlamentarios del oficialismo opositor alertaron que esto podría afectar a organizaciones sociales que realizan rifas o bingos para financiar actividades comunitarias.
Oficialismo defiende la iniciativa
Desde el oficialismo defendieron el proyecto y aseguraron que forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar delitos, incivilidades y hechos que afectan la convivencia en barrios y espacios públicos.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo que el proyecto avanzará en el Congreso y llamó a la oposición a participar del debate para perfeccionar la iniciativa, sin desvirtuar su objetivo original.
En paralelo, el senador Luciano Cruz-Coke planteó que las sanciones deben ser revisadas para evitar que afecten de manera desigual a quienes dependen de beneficios sociales.
Cómo funcionaría el registro
De acuerdo con los antecedentes del proyecto, el Registro Único de Vándalos e Incivilidades sería administrado por el Registro Civil y financiado por el Ministerio de Hacienda.
El sistema operaría de forma similar a otros registros asociados al RUT de una persona, permitiendo identificar a quienes hayan sido sancionados por las conductas incluidas en la iniciativa.
El debate continuará ahora en el Congreso, donde el Gobierno buscará avanzar con rapidez debido a la suma urgencia otorgada al proyecto.
