La nueva normativa permite que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos procedimientos para revisar mochilas, bolsos y pertenencias de estudiantes. La medida deberá cumplir protocolos y respetar la privacidad y los derechos de niños y adolescentes.
El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles 12 de agosto la ceremonia por la entrada en vigencia de la Ley “Escuelas Protegidas”, normativa que entrega nuevas facultades a los establecimientos educacionales de Chile para enfrentar episodios de violencia y fortalecer la seguridad de las comunidades escolares.
La actividad se realizó en la Escuela Nueva Zelandia, en la comuna de Independencia, donde el mandatario destacó especialmente una de las medidas que mayor debate generó durante la tramitación: la posibilidad de revisar mochilas y otras pertenencias de los estudiantes.
La norma fue publicada este miércoles en el Diario Oficial como Ley 21.827.
¿Los colegios podrán revisar las mochilas de los estudiantes?
Sí, pero no se trata de una autorización para realizar revisiones sin reglas.
La legislación permite que los sostenedores incorporen en sus reglamentos internos procedimientos para revisar mochilas, bolsos y otros efectos personales con el objetivo de impedir el ingreso o porte de elementos que puedan utilizarse para agredir a otras personas o causar daños dentro del establecimiento.
El procedimiento deberá ser ejecutado por personal capacitado y respetar derechos fundamentales como la privacidad, honra e igualdad de los estudiantes. Además, las revisiones corporales y de vestimentas están prohibidas.
También deberán evitarse contactos físicos y exposiciones innecesarias, utilizando espacios especialmente determinados para realizar estos procedimientos.
Más facultades para los profesores
La Ley Escuelas Protegidas también fortalece las atribuciones de los docentes dentro de las salas de clases.
Los profesores podrán adoptar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias de aplicación inmediata cuando sea necesario mantener el orden y evitar que determinados conflictos escalen hacia situaciones de mayor gravedad.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo durante la presentación que la normativa busca entregar a los colegios herramientas para enfrentar tanto problemas habituales de convivencia como situaciones de violencia que pueden superar las capacidades normales de los equipos educativos.
Padres y apoderados tendrán mayor participación
Otro de los cambios apunta directamente a las familias.
Los establecimientos podrán requerir una mayor participación de padres y apoderados en procesos formativos y situaciones relacionadas con disciplina, convivencia o violencia escolar.
La legislación busca que determinados conflictos sean abordados conjuntamente por profesores, establecimientos y familias antes de que alcancen niveles de mayor gravedad.
¿Qué pasó con la revisión policial de mochilas?
Este punto es importante porque el proyecto original sufrió modificaciones antes de transformarse definitivamente en ley.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la disposición que permitía que Carabineros o la Policía de Investigaciones revisaran vestimentas y pertenencias de estudiantes dentro de colegios, sin una orden de un fiscal, ante determinadas circunstancias.
Sin embargo, el TC mantuvo el eje que permite a los propios establecimientos incorporar la revisión regulada de mochilas y pertenencias en sus reglamentos internos.
El tribunal también objetó otras disposiciones del proyecto, entre ellas la pérdida de gratuidad en educación superior para personas condenadas por determinados delitos vinculados a hechos de violencia.
Kast defiende la seguridad dentro de los colegios
Durante la actividad en Independencia, el Presidente Kast sostuvo que la escuela debe ser un espacio donde los alumnos puedan sentirse seguros y planteó que las nuevas herramientas deben llevarse a la práctica para mejorar la convivencia.
La legislación también contempla medidas relacionadas con amenazas que interrumpan las actividades académicas, mayores facultades docentes y mecanismos para priorizar la resolución colaborativa de determinados conflictos antes de que lleguen a la Superintendencia de Educación.
El proyecto había sido despachado por el Congreso el 2 de junio de 2026, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara las modificaciones del Senado con 105 votos a favor y 46 en contra. Posteriormente pasó por el control del Tribunal Constitucional antes de su publicación definitiva.
Con su publicación, Escuelas Protegidas pasa a formar parte de la legislación chilena, abriendo una nueva etapa en la discusión sobre seguridad, convivencia y derechos de los estudiantes al interior de los establecimientos educacionales.
