Autoridades comunales del sur del país solicitaron al Gobierno acelerar la elaboración del reglamento técnico de la Ley de Seguridad Municipal, debido a que aún no existen las definiciones necesarias para aplicar plenamente la normativa.
La ley fue publicada en el Diario Oficial el pasado 11 de febrero y su entrada en vigencia general está prevista para el 12 de agosto. Sin embargo, alcaldes advirtieron que, sin el reglamento correspondiente, varias de las herramientas contempladas en la legislación no pueden ponerse en marcha.
Municipios acusan falta de certezas para implementar la ley
Uno de los jefes comunales que manifestó su preocupación fue el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, quien pidió al Ejecutivo dar urgencia al proceso.
Según señaló, los municipios necesitan claridad para poder ejercer nuevas facultades, utilizar tecnologías en seguridad y reforzar la protección de los inspectores municipales.
“La crisis de seguridad no puede esperar los tiempos de la burocracia”, afirmó el alcalde, quien sostuvo que las regiones requieren que esta ley esté operativa cuanto antes.
Wainraihgt agregó que, mientras no exista el reglamento, los municipios se encuentran limitados para avanzar en medidas concretas.
Comunas rurales piden reglas claras
Desde Mulchén, el alcalde José Miguel Muñoz también llamó a acelerar la tramitación del documento técnico.
El jefe comunal indicó que las comunas necesitan certezas operativas para transformar las nuevas facultades en acciones reales de prevención y protección para los vecinos.
En tanto, el alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, advirtió que la situación afecta especialmente a comunas pequeñas y rurales.
Según planteó, mientras no estén las normas técnicas, la ley sigue siendo difícil de aplicar en la práctica y no permite avanzar en soluciones concretas para los territorios.
Sin reglamento no pueden avanzar licitaciones ni capacitaciones
Los alcaldes coincidieron en que la falta del reglamento impide iniciar procesos clave para la implementación de la Ley de Seguridad Municipal.
Entre los puntos pendientes mencionaron la compra de nuevos equipos, la planificación de capacitaciones para funcionarios municipales y la asignación de recursos locales vinculados a la puesta en marcha de la normativa.
Por ello, solicitaron al Gobierno entregar prontamente las directrices necesarias para que los municipios puedan aplicar la ley dentro de los plazos establecidos.
