La última medición Plaza Pública mostró el nivel más bajo de respaldo al Mandatario desde el inicio de su administración. La mayoría de los encuestados cree que el Ejecutivo no cuenta con un plan claro en seguridad y duda del cumplimiento de sus promesas migratorias.
La última encuesta Plaza Pública de Cadem encendió una alerta para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. El sondeo reveló una caída de cuatro puntos en la aprobación presidencial, que llegó al 36%, su nivel más bajo desde que asumió el mandato.
El resultado aparece en medio de un escenario especialmente sensible para La Moneda, marcado por cuestionamientos ciudadanos a la estrategia del Ejecutivo en dos áreas centrales de su programa: seguridad pública y control migratorio. Según la medición, aunque la seguridad sigue siendo el principal compromiso que las personas asocian al Presidente, una amplia mayoría no percibe que exista un plan concreto para enfrentar la delincuencia.
De acuerdo con la encuesta, el 44% de los consultados mencionó espontáneamente la seguridad, la delincuencia y el orden público como el principal compromiso asociado al Mandatario. Sin embargo, el 64% afirmó no creer que el Gobierno tenga una estrategia clara en esta materia, frente a un 36% que sí la reconoce.
La caída en la aprobación se da además con una desaprobación presidencial que llegó al 58%, consolidando uno de los momentos más complejos para el Ejecutivo desde su instalación. Las dudas se concentran especialmente entre quienes desaprueban la gestión del Gobierno y en sectores de centro e izquierda.
Otro de los puntos críticos del estudio fue la inmigración. La encuesta muestra un endurecimiento de la opinión pública frente al ingreso irregular de extranjeros al país. Un 75% de los consultados cree que Chile debería aplicar mayores restricciones migratorias, mientras que el 60% considera que la llegada de inmigrantes ha sido negativa para el país.
Las medidas más duras cuentan con amplio respaldo ciudadano. Un 85% se mostró de acuerdo con fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular; un 84% apoyó expulsar a quienes ingresaron ilegalmente; y un 72% respaldó establecer penas de cárcel para la inmigración ilegal.
Pese a ese escenario, el estudio también dejó espacio para matices. Un 77% de los encuestados está de acuerdo con regularizar a inmigrantes que lleven más de 10 años viviendo en Chile y no hayan cometido delitos. Además, un 60% apoya la regularización de quienes puedan acreditar empleo formal.
El denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales apuestas del Gobierno en materia migratoria, también mostró señales de desgaste. Aunque mantiene un respaldo mayoritario de 57%, su aprobación cayó seis puntos respecto de marzo. Además, solo la mitad de los encuestados cree que medidas como zanjas, radares, drones y presencia militar permitirán cerrar efectivamente la frontera y frenar el ingreso irregular.
La promesa presidencial de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares también enfrenta un fuerte escepticismo. Según Cadem, el 61% considera que esa meta era imposible de cumplir. A su vez, el 65% cree que la mayoría de los inmigrantes irregulares seguirá viviendo en Chile hacia fines de 2026.
El sondeo también refleja un clima de pesimismo más amplio. La percepción de que Chile va por mal camino sigue predominando, mientras persisten las visiones negativas sobre empleo, consumo y situación económica.
En materia institucional, Bomberos volvió a liderar la confianza ciudadana con un 92% de aprobación, seguido por la PDI y Contraloría. En el extremo opuesto se mantienen los partidos políticos, el Congreso y los medios de comunicación, que continúan entre las instituciones peor evaluadas.
La encuesta deja así un diagnóstico complejo para el Gobierno: la ciudadanía mantiene como prioridad la seguridad y el control migratorio, pero al mismo tiempo muestra dudas crecientes sobre la capacidad del Ejecutivo para transformar sus promesas en resultados concretos.
