La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso presentado contra la Municipalidad de San Felipe y confirmó la legalidad del proceso administrativo que permitió recuperar cerca de siete hectáreas de bien nacional de uso público en la caja del río Aconcagua.
El recurso de amparo económico fue interpuesto en contra de la municipalidad en el marco de las acciones desarrolladas frente a las actividades de extracción de áridos de Áridos Córdova e Inversiones Santa Mónica Limitada. La Corte determinó que no existió actuación ilegal o arbitraria por parte de la autoridad comunal y que las decisiones adoptadas se ajustaron a procedimientos administrativos formales con respaldo jurídico.
La Alcaldesa Carmen Castillo Taucher valoró el fallo y destacó que la resolución judicial entrega tranquilidad respecto del trabajo realizado por la municipalidad para resguardar el cumplimiento de la normativa vigente en materias sensibles para la comuna.
“Para nosotros, este pronunciamiento es muy importante, porque confirma que como municipio hemos actuado con responsabilidad, con seriedad y dentro del marco de la ley”, afirmó la autoridad.
En su fallo, la Corte tuvo a la vista antecedentes presentados por el municipio, incluyendo decretos de clausura previos, la Ordenanza Local N° 67, que regula la actividad relacionada con áridos, y la falta de autorizaciones municipales, ambientales y sectoriales por parte de las empresas involucradas. Además, se consideró que la actividad desarrollada por las compañías cuestionadas se ubicaba en sectores vinculados al cauce del río Aconcagua y que existían irregularidades en el uso del suelo agrícola.
La Alcaldesa enfatizó que el municipio tiene el deber de actuar con rigor frente a actividades que deben ajustarse a la ley y que pueden impactar en la comuna.
“No podemos mirar hacia el lado cuando existen actividades que deben ajustarse a la ley y que pueden tener impacto en nuestra comuna”, señaló.
Cabe recordar que a principios de mayo, la Municipalidad de San Felipe ejecutó el desalojo de Áridos Córdova de un terreno correspondiente a bien nacional de uso público, donde la empresa ocupaba cerca de siete hectáreas para el procesamiento de material pétreo. La acción se realizó tras un proceso sostenido de fiscalizaciones, informes técnicos y medidas administrativas, en coordinación con Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe y la Delegación Presidencial Provincial.
Con este fallo, se consolida el marco jurídico que respalda las acciones de la municipalidad para proteger espacios de dominio público y garantizar que las actividades económicas en la zona se desarrollen dentro de la legalidad.
