El Colegio de Arquitectos manifestó su preocupación por la orden de demolición de viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar, advirtiendo que la medida podría revictimizar a las familias afectadas por el devastador incendio de 2024, quienes aún esperan una solución habitacional definitiva.
El presidente del gremio, Rodolfo Jiménez, sostuvo que la entidad no busca justificar ni minimizar posibles errores en el diseño o construcción de las viviendas, ni respaldar la entrega de hogares con deficiencias a las familias damnificadas. Sin embargo, afirmó que resulta fundamental evaluar las alternativas técnicas disponibles antes de adoptar una decisión definitiva.
Según indicó, reiniciar completamente el proceso de construcción implicaría que las familias vuelvan a una situación similar a la que enfrentaban tras la tragedia provocada por los incendios forestales, prolongando la espera por una solución habitacional.
En la misma línea, Social Arquitectura planteó que la demolición no sería una medida indispensable, ya que las observaciones detectadas podrían corregirse mediante reparaciones y refuerzos estructurales ajustados a la normativa vigente y a los acuerdos suscritos con las familias beneficiarias.
La abogada de la organización, Erika Maira, señaló que tanto la legislación como los contratos supervisados contemplan la posibilidad de subsanar observaciones constructivas durante el desarrollo de las obras.
La entidad responsable de la reconstrucción en El Olivar presentó un recurso de protección para frenar la demolición de las viviendas, argumentando que la medida genera incertidumbre y extiende innecesariamente la espera de las familias afectadas.
Asimismo, sostuvo que informes técnicos solicitados por el Ministerio de Vivienda apuntaban al reforzamiento de las estructuras por sobre la demolición de las casas.
Ahora se espera que la Corte de Apelaciones de Valparaíso revise de manera conjunta los recursos presentados por los vecinos, Social Arquitectura y la empresa constructora San Sebastián, con el objetivo de evitar resoluciones contradictorias respecto del futuro de las viviendas.
