La acción incluye seis causas tramitadas en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La Fundación Fuerza Ciudadana quiere que se determine si hubo jueces que resolvieron en contra de una ley expresa y vigente, sabiendo que la infringían. De comprobarse, esa conducta constituiría prevaricación judicial. La denuncia surge tras la polémica por las rebajas de condena que otorgó el Ministerio de Justicia, durante la gestión del ministro Fernando Rabat, a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Por ahora quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte, que deberá evaluar si hay antecedentes para establecer responsabilidades penales.
El abogado de la fundación, Raimundo Palamara, pidió investigar con el mismo criterio a todos quienes aplicaron la interpretación cuestionada, considerando que ya existe una indagatoria sobre el ministro Rabat y el exsubsecretario Luis Silva.
En la región, una revisión de decretos habría identificado 15 beneficiados que cumplían condena en recintos de Valparaíso. Cuatro casos correspondían a Limache, cuatro a Petorca y cuatro a Casablanca, mientras que los tres restantes se repartían entre el Complejo Penitenciario de Valparaíso, la cárcel de Los Andes y el Centro de Estudio y Trabajo Camino La Pólvora.
Qué se discute sobre la ley
El nudo está en la reforma de 2022, que restringió estas rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores. La duda es si esa prohibición también corresponde aplicarla a quienes cometieron los delitos antes del cambio legal.
Palamara reconoció que existen posturas jurídicas distintas. A su juicio, el Congreso no dejó suficientemente claro cómo aplicar la modificación a hechos y condenas anteriores, y por eso la organización optó por presentar una denuncia en lugar de una querella.
