El Gobierno anunció una revisión integral de las pensiones de gracia concedidas a personas afectadas durante el estallido social de 2019, luego de que la Contraloría General de la República instruyera reabrir un sumario administrativo por presuntas irregularidades en la entrega de estos beneficios.
La medida contempla analizar la totalidad de las pensiones otorgadas, que actualmente alcanzan a 348 beneficiarios activos, con el objetivo de verificar si cada caso cumplió con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que la investigación administrativa fue reabierta tras detectarse deficiencias en un proceso que había sido sobreseído durante la administración anterior. Según indicó, el objetivo es determinar eventuales responsabilidades de funcionarios que aprobaron pensiones sin la documentación exigida.
Entre las observaciones detectadas se encuentran casos de beneficiarios que no contaban con antecedentes médicos suficientes o presentaban expedientes incompletos. De acuerdo con la autoridad, al menos nueve pensiones fueron otorgadas con documentación insuficiente.
Pavez recordó que originalmente se concedieron 418 pensiones de gracia relacionadas con el estallido social, aunque esa cifra se redujo debido a fallecimientos y revocaciones efectuadas con anterioridad.
“Las vamos a revisar todas”, afirmó la autoridad, quien señaló que los equipos técnicos ya trabajan en la reevaluación de cada expediente.
Desde el Ejecutivo precisaron que el proceso corresponde exclusivamente a una investigación administrativa y que, por el momento, no existe una investigación penal asociada a esta revisión.
Respecto del proyecto presentado por el Partido Nacional Libertario para conceder un indulto general a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social, el subsecretario indicó que la iniciativa será analizada por el Gobierno cuando corresponda y que aún no existe una definición oficial sobre la materia.
