El Senado realiza este martes una sesión especial para resolver la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por parlamentarios republicanos y libertarios a raíz de cuestionamientos por inconsistencias en cálculos fiscales durante su gestión.
La acción ya fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, donde obtuvo 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Ahora corresponde a la Cámara Alta pronunciarse de manera definitiva, actuando como jurado constitucional.
En caso de que el libelo prospere, el exsecretario de Estado podría quedar inhabilitado durante cinco años para ejercer cargos públicos.
La sesión se desarrolla bajo plazos ajustados, debido a que la Constitución establece un margen de entre cuatro y seis días hábiles para que el Senado resuelva una acusación una vez que esta es despachada por la cámara de origen.
Durante la mañana, los senadores escucharon los argumentos de los diputados acusadores y la defensa del exministro. Posteriormente, se dio inicio a una segunda sesión especial destinada a la fundamentación del voto y a la votación separada de los cuatro capítulos que componen la acusación.
Acusadores descartan dolo, pero apuntan a errores graves
Uno de los momentos que generó mayor repercusión fue la intervención del diputado Pier Karlezi, del Partido Nacional Libertario, quien sostuvo que la acusación no busca demostrar una intención dolosa por parte de Grau, sino establecer una responsabilidad política por errores considerados graves.
El parlamentario afirmó que el debate se centra en hechos, fechas, montos y correcciones realizadas o no realizadas, insistiendo en que no se trata de probar dolo, sino de evaluar responsabilidades dentro de un juicio político.
También expusieron ante la sala los diputados Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario, y Benjamín Moreno, del Partido Republicano.
Defensa cuestiona fundamentos del libelo
La defensa de Nicolás Grau, encabezada por el abogado constitucionalista Patricio Zapata, rechazó los argumentos de la acusación y sostuvo que no existen antecedentes jurídicos suficientes para imponer una sanción de inhabilitación.
Zapata advirtió que castigar al exministro sin acreditar una infracción concreta a la Constitución o a la ley equivaldría a aplicar una sanción por razones de imagen pública o presión política.
El abogado también cuestionó que el libelo se base, a su juicio, en normas generales y principios vagos, sin precisar obligaciones legales específicas que Grau habría incumplido.
Votación estrecha y ausencias clave
El desenlace en el Senado se prevé ajustado. Para aprobar la acusación se requiere la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, originalmente estimada en 26 votos.
Sin embargo, las ausencias y permisos constitucionales podrían modificar el cálculo. Uno de los casos mencionados es el del senador Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, quien se encuentra fuera del país como parte de la comitiva presidencial en una gira por Paraguay y Uruguay.
A ello se suma la decisión del senador Luciano Cruz-Coke, de Evópoli, quien anunció que se inhabilitaría voluntariamente, argumentando que las acusaciones constitucionales no deben seguir utilizándose como herramienta política contingente.
El senador Matías Walker, de Demócratas, señaló que estas situaciones podrían reducir el umbral requerido a 25 votos, aunque advirtió que las ausencias pueden incidir directamente en el resultado final.
Críticas al uso de las acusaciones constitucionales
Más allá del caso de Grau, distintos senadores plantearon cuestionamientos al uso reiterado de este mecanismo.
El senador Rojo Edwards, independiente-RN, llamó a que cualquiera sea el resultado no afecte las relaciones dentro de los sectores que respaldan al Gobierno. Además, sostuvo que la acusación constitucional se ha utilizado de forma irresponsable y pidió avanzar en cambios legales y reglamentarios para evitar que se transforme en una “caza de brujas”.
En una línea similar, Matías Walker afirmó que el sentido original de las acusaciones constitucionales se ha desnaturalizado. Según planteó, el Senado no debe juzgar si la gestión política o económica de Grau fue adecuada, sino determinar si existió o no una infracción constitucional o legal.
Walker también manifestó su apoyo a una reforma impulsada por Chile Vamos para elevar las exigencias de presentación de este tipo de acciones, señalando que no debería bastar con pocas firmas para paralizar el funcionamiento del Congreso durante varias semanas.
El resultado de la votación será clave tanto para el futuro político de Nicolás Grau como para el debate sobre los límites y el uso de las acusaciones constitucionales en Chile.
