La Cámara Alta respaldó las tres observaciones presidenciales y eliminó del proyecto las normas sobre prohibición del anatocismo, derecho al olvido financiero y nuevas restricciones para el pago de facturas a más de 30 días. Hacienda reconoció que la actual legislación para las pymes deberá volver a revisarse.
El Gobierno consiguió los votos necesarios en el Senado y puso fin a la extensa tramitación de la denominada megarreforma para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.
Durante la jornada del miércoles 12 de agosto, la Sala de la Cámara Alta aprobó los tres vetos supresivos presentados por el Ejecutivo, dejando fuera del texto definitivo tres disposiciones que habían generado una fuerte controversia política y económica.
Las normas eliminadas estaban relacionadas con la prohibición absoluta del anatocismo —el cobro de intereses sobre intereses—, el denominado derecho al olvido financiero y las modificaciones al sistema de pago a 30 días para pequeñas y medianas empresas.
La decisión representa un triunfo legislativo para La Moneda, aunque el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que uno de los temas más sensibles, el pago oportuno a las pymes, continúa sin estar completamente resuelto.
“Es un tema que requiere mirarlo a fondo, volver a ver por qué la ley que existe no está funcionando plenamente”, señaló el secretario de Estado tras la votación.
Senado aprueba los tres vetos del Gobierno
Las observaciones presidenciales fueron votadas por separado en la Sala del Senado.
El primer veto correspondió al artículo 32, que incorporaba una prohibición absoluta del anatocismo.
La observación del Gobierno fue aprobada por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención.
De esta manera, se eliminó la disposición que impedía cobrar o capitalizar intereses sobre intereses en determinadas operaciones financieras.
El Ejecutivo defendió el veto argumentando que una prohibición general podía generar consecuencias sobre distintos productos financieros, entre ellos repactaciones, líneas de crédito, depósitos renovables y préstamos con períodos de gracia.
Qué pasó con el derecho al olvido financiero
La segunda discusión estuvo centrada en el denominado derecho al olvido financiero, contemplado en el artículo 39.
La propuesta buscaba establecer restricciones al uso de determinados antecedentes financieros negativos de personas con deudas antiguas, particularmente aquellas impagas o extinguidas con más de cinco años.
El veto para retirar esta disposición fue aprobado por 23 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.
Desde el Ejecutivo se sostuvo que parte de estas materias ya se encuentran reguladas por el sistema de Registro de Deuda Consolidada y que incorporar nuevas restricciones podría generar problemas en la evaluación de riesgo y el funcionamiento del mercado crediticio.
Sus detractores, en cambio, defendieron la necesidad de entregar a las personas endeudadas una oportunidad de volver a ingresar al sistema financiero después de transcurrido un determinado período.
Pago a 30 días para las pymes fue la votación más estrecha
El tercer veto fue uno de los puntos que generó mayor división en el Senado.
La disposición cuestionada modificaba las reglas que permiten acordar plazos superiores a 30 días para el pago de facturas, además de introducir cambios relacionados con los tiempos de pago cuando el Estado actúa como comprador.
El veto supresivo fue finalmente aprobado en una estrecha votación, con 20 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones.
Con ello, el artículo 40 también quedó fuera del proyecto.
Durante la discusión, distintos parlamentarios plantearon que las pequeñas empresas suelen encontrarse en una posición de desventaja frente a compañías de mayor tamaño al momento de negociar cuándo recibirán el pago por sus productos o servicios.
El Gobierno, sin embargo, argumentó que prohibir de forma general los acuerdos para extender esos plazos podría terminar generando efectos contrarios a los buscados y limitar alternativas comerciales y de financiamiento para algunas empresas.
Hacienda reconoce problemas con la actual ley de pago a 30 días
Pese a defender el veto, el ministro Jorge Quiroz reconoció que la discusión dejó un problema pendiente.
El titular de Hacienda admitió que la normativa actualmente vigente sobre pago a 30 días a las pymes no está funcionando plenamente, por lo que abrió la puerta a estudiar nuevas modificaciones.
La declaración adquiere relevancia porque anticipa que el término de la megarreforma no necesariamente significará el cierre definitivo del debate sobre los plazos que enfrentan pequeñas y medianas empresas para cobrar sus facturas.
Hacienda podría abordar posteriormente esta situación mediante una iniciativa específica.
Oposición cuestionó eliminación de las tres normas
Desde la oposición hubo fuertes críticas a la decisión del Ejecutivo de utilizar vetos supresivos para retirar disposiciones que habían sido incorporadas durante la discusión parlamentaria.
Parte de los senadores defendió la prohibición del anatocismo argumentando que el cobro de intereses sobre intereses puede provocar un fuerte incremento de las obligaciones financieras de familias endeudadas.
También hubo respaldo al derecho al olvido financiero, bajo el argumento de que una deuda antigua no debería convertirse indefinidamente en una barrera para que una persona vuelva a acceder al sistema financiero.
En el caso de las pymes, los cuestionamientos se concentraron en la desigual capacidad de negociación existente entre pequeñas empresas y grandes compradores.
Oficialismo defendió los vetos y advirtió posibles efectos negativos
Desde sectores que respaldaron las observaciones del Ejecutivo se sostuvo que las tres medidas podían producir consecuencias no deseadas.
En el caso del anatocismo, sus defensores recordaron que la capitalización de intereses no opera exclusivamente en las deudas, sino que también puede formar parte del funcionamiento de ahorros, depósitos e inversiones.
Respecto del derecho al olvido financiero, se planteó que limitar la información disponible para evaluar el riesgo de un cliente podría terminar aumentando el costo del crédito o dificultando su acceso.
Una discusión similar se produjo respecto de las pymes, debido a que algunos parlamentarios advirtieron que imponer condiciones demasiado rígidas podría llevar a determinadas empresas a reducir sus operaciones con proveedores pequeños.
Megarreforma termina su paso por el Congreso
Las tres observaciones presidenciales ya habían recibido el respaldo de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Con la ratificación del Senado, el Congreso Nacional terminó la tramitación legislativa de la megarreforma, y los artículos 32, 39 y 40 no formarán parte de su texto definitivo.
Tras la votación, Jorge Quiroz destacó que los vetos consiguieron respaldos y abstenciones más allá de los partidos oficialistas y calificó el resultado como una señal de madurez del Congreso.
Sin embargo, la discusión económica no queda completamente cerrada.
Además de los asuntos pendientes ante el Tribunal Constitucional, el propio Ministerio de Hacienda dejó abierta la posibilidad de volver a legislar sobre el pago oportuno a las pequeñas y medianas empresas.
El debate que termina en el Congreso, por lo tanto, podría dar paso a una nueva discusión enfocada específicamente en una pregunta que sigue preocupando a miles de emprendedores: cómo conseguir que las facturas de las pymes sean efectivamente pagadas dentro de los plazos establecidos.
