Una nueva declaración proveniente de Argentina volvió a generar preocupación en Chile por la situación de soberanía en el extremo austral del continente. Esta vez, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, incluyó a Magallanes dentro de una reflexión sobre las zonas estratégicas donde su país debe mantener presencia.
Durante una entrevista difundida este domingo, el jefe militar argentino destacó la importancia geopolítica del extremo sur y señaló que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”, agregando que Argentina debe mantener presencia en esa zona debido a su condición de “llave bioceánica” entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Aunque el alcance exacto de sus palabras no fue precisado, la declaración generó inquietud en Chile debido a que ocurre en medio de otros episodios recientes relacionados con interpretaciones argentinas sobre espacios australes cuya delimitación está establecida por tratados internacionales.
Chile reafirma soberanía sobre el Estrecho de Magallanes
Desde la Cancillería chilena señalaron que la soberanía nacional sobre el Estrecho de Magallanes es “indiscutible” y se encuentra respaldada por los tratados de límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984.
El debate también llegó al Congreso chileno. Parlamentarios de distintos sectores solicitaron al Gobierno mantener una postura firme y realizar las gestiones diplomáticas correspondientes frente a declaraciones emitidas por autoridades trasandinas.
El senador Iván Moreira, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, pidió reafirmar la posición chilena respecto del Estrecho, mientras que el diputado Nelson Venegas sostuvo que los dichos del jefe de la Fuerza Aérea Argentina son “improcedentes” y requieren atención diplomática.
Tratados establecen delimitación del territorio austral
El Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984 entre Chile y Argentina estableció los límites en la zona austral y confirmó la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.
Desde la perspectiva chilena, la situación jurídica se encuentra completamente resuelta, por lo que cualquier declaración que sugiera una interpretación distinta genera cuestionamientos debido a que podría afectar una zona estratégica para la navegación internacional y la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Antecedentes recientes aumentan la preocupación
Los nuevos dichos se suman a otros episodios ocurridos en los últimos años que también generaron tensiones entre ambos países.
En abril pasado, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, contraalmirante Hernán Montero, afirmó que la boca oriental del Estrecho de Magallanes correspondía a Argentina, declaración que fue rechazada desde Chile.
En esa oportunidad, autoridades chilenas reiteraron que el Estrecho se encuentra bajo soberanía nacional en toda su extensión y que dicha condición está respaldada por acuerdos internacionales vigentes.
Otro episodio ocurrió en 2024, cuando estructuras pertenecientes a un puesto de vigilancia argentino fueron instaladas parcialmente en territorio chileno en la zona del Hito 1. Argentina reconoció posteriormente que se trató de un error y retiró las instalaciones tras la exigencia del Gobierno chileno.
Un escenario que obliga a reforzar la vía diplomática
Pese a que no existen antecedentes que permitan afirmar una coordinación entre estos episodios, la reiteración de declaraciones provenientes de altos funcionarios argentinos sobre zonas australes ha generado llamados a mantener una vigilancia diplomática permanente.
Chile y Argentina mantienen una relación histórica marcada por cooperación económica, cultural y fronteriza, pero también por antiguos diferendos territoriales que fueron resueltos mediante acuerdos internacionales.
El punto central para Chile es que la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes no se encuentra abierta a discusión, sino que está definida por tratados vigentes. Por ello, el foco del debate apunta ahora a explicar por qué autoridades argentinas han vuelto a realizar declaraciones que generan cuestionamientos sobre un territorio cuya situación jurídica ya fue establecida.
