La sentencia incluyó una condena por asociación criminal, figura incorporada recientemente al ordenamiento jurídico penal, tras una investigación desarrollada por el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía con apoyo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de La Calera.
Los delitos fueron cometidos entre septiembre y diciembre de 2024 contra choferes, peonetas de camiones repartidores, además de locales comerciales de la comuna. Las diligencias incluyeron interceptaciones telefónicas, análisis de tráfico de antenas, georreferenciación de teléfonos celulares, vigilancias y seguimientos, antecedentes que permitieron obtener órdenes de entrada y registro, concretar la detención de los imputados e incautar drogas, plantas de cannabis, municiones, además de un arma susceptible de adaptación para el disparo.
Durante el juicio se presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales contra un adulto, un adolescente, además de un tercer imputado que era menor de edad al momento de cometer parte de los delitos, todos acusados por asociación criminal junto con otros ilícitos.
El adolescente identificado con las iniciales M.M.R.C. fue condenado a cuatro años de internación en régimen cerrado por cinco delitos de robo con intimidación, además de asociación criminal. Joaquín Ignacio Bravo González recibió siete años y un día de presidio por tráfico ilícito de drogas, además de 541 días por porte y tenencia ilegal de municiones. Respecto de los cinco robos con intimidación, además del delito de asociación criminal cometidos cuando era menor de edad, esas sanciones quedaron absorbidas por aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Bastián Ignacio Saavedra Salazar, único adulto al momento de los hechos investigados, fue condenado a 12 años de presidio mayor en su grado medio por tres delitos de robo con intimidación, además de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por asociación criminal.
La fiscal Lidia Aspee destacó la relevancia de la condena por asociación criminal, al tratarse de un delito de reciente incorporación a la legislación penal chilena que exige un alto estándar probatorio. Asimismo, valoró el trabajo desarrollado por la PDI de La Calera durante la investigación.
