Un total de 17 personas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua fueron formalizadas este domingo en el marco de la denominada “Operación Tokio”, investigación considerada como uno de los mayores golpes financieros contra la organización criminal internacional en Chile.
Según la Fiscalía, la estructura habría lavado más de 75.000 millones de pesos entre 2022 y 2025. Además, el grupo habría logrado sacar del país más de 84 millones de dólares, dinero que tendría origen en delitos como extorsión, narcotráfico y explotación sexual.
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los cargos contra los imputados y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para todos los acusados. Hasta ahora, el tribunal decretó la máxima cautelar para 10 de ellos, mientras que otro quedó bajo arresto domiciliario total.
Uno de los elementos que más llamó la atención en la investigación es la presunta participación de un ejecutivo del Banco Santander, quien, según los antecedentes expuestos, habría cumplido un rol relevante en los movimientos financieros asociados a la red.
El único imputado que no es de nacionalidad venezolana es un ciudadano boliviano, dueño de una discoteca ubicada en el Barrio Bellavista. Su defensa sostuvo que no existen antecedentes suficientes para vincularlo con el delito de lavado de activos.
El abogado Cristian Moya señaló que el Ministerio Público no logró acreditar el delito base respecto de su representado. “No existían elementos suficientes para establecer dicha situación”, afirmó tras la audiencia.
La revisión de cautelares continuará para los seis imputados restantes, luego de que el tribunal manifestara su intención de concluir la audiencia durante la jornada.
La investigación busca desarticular una presunta red financiera utilizada para mover, ocultar y sacar del país ganancias provenientes de actividades ilícitas atribuidas al Tren de Aragua.
