El Gobierno busca ampliar las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo mediante cambios constitucionales. La oposición y expertos constitucionalistas advierten sobre los riesgos de concentrar atribuciones en el Ejecutivo y limitar derechos fundamentales.
La reforma constitucional de seguridad impulsada por el presidente de Chile, José Antonio Kast, se convirtió en uno de los principales focos de debate político del país luego de su ingreso al Senado como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La iniciativa contempla ocho modificaciones a la Constitución y propone nuevas herramientas para enfrentar organizaciones criminales que, según el Ejecutivo, han aumentado su capacidad operativa y control territorial en distintas zonas del país.
Entre los puntos más controvertidos se encuentra la creación de un nuevo estado de excepción constitucional por razones de seguridad pública, que permitiría aplicar medidas extraordinarias en territorios afectados por amenazas graves vinculadas al crimen organizado o al terrorismo.
Kast defiende la reforma como una herramienta “acotada”
El presidente José Antonio Kast defendió la propuesta señalando que las nuevas facultades no buscan establecer un poder ilimitado, sino entregar herramientas específicas para intervenir zonas donde las organizaciones criminales hayan superado la capacidad habitual del Estado.
“Cuando necesitamos intervenir una zona y saber dónde están los delincuentes o eventualmente los terroristas, esto es una fórmula acotada”, sostuvo el mandatario durante una entrevista radial.
Kast afirmó además que la reforma deberá ser debatida por el Congreso y descartó que la iniciativa implique una concentración excesiva de poder en la Presidencia.
Qué contempla la nueva propuesta constitucional
El proyecto plantea incorporar un nuevo régimen excepcional para enfrentar situaciones de grave alteración de la seguridad pública.
Entre las medidas consideradas se encuentran restricciones temporales a ciertas libertades, limitaciones al derecho de reunión y herramientas especiales de investigación, incluyendo la posibilidad de intervenir comunicaciones bajo las condiciones que establezca la normativa aprobada.
El Gobierno argumenta que las actuales herramientas constitucionales fueron diseñadas para escenarios distintos y que el avance de organizaciones criminales transnacionales requiere mecanismos más específicos.
Expertos alertan sobre posibles riesgos institucionales
La propuesta ha generado críticas desde sectores políticos y académicos, principalmente por el alcance de las facultades que podría recibir el Ejecutivo.
Constitucionalistas han advertido que cualquier ampliación de poderes durante estados excepcionales debe contar con controles claros, límites temporales y mecanismos de supervisión para evitar abusos.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a las herramientas relacionadas con la intervención de comunicaciones y la necesidad de establecer contrapesos suficientes para proteger derechos fundamentales.
Gobierno asegura que existirán controles democráticos
Desde La Moneda han defendido que la reforma no elimina los controles institucionales y que su aplicación dependerá de reglas específicas aprobadas durante la discusión legislativa.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha señalado que el objetivo es contar con facultades extraordinarias para intervenir territorios donde operen estructuras criminales difíciles de penetrar mediante los mecanismos tradicionales.
El Ejecutivo sostiene que la seguridad pública debe ser reconocida como una obligación central del Estado y que la Constitución debe adaptarse a los nuevos desafíos del crimen organizado.
Senado será clave en el futuro de la iniciativa
El proyecto comenzó su tramitación en el Senado, donde deberá enfrentar una discusión política compleja debido a las diferencias existentes incluso dentro de sectores que apoyan un endurecimiento de las políticas de seguridad.
La discusión estará centrada en determinar hasta dónde puede llegar el Estado en la lucha contra el crimen organizado sin afectar los principios de separación de poderes, protección de derechos y controles democráticos.
Seguridad versus libertades: el debate que marcará la agenda chilena
La reforma de Kast llega en un momento en que la seguridad pública se mantiene entre las principales preocupaciones ciudadanas.
Mientras el Gobierno sostiene que Chile necesita nuevas herramientas para enfrentar amenazas criminales más complejas, sus críticos plantean que el fortalecimiento del Estado debe ir acompañado de mayores controles institucionales y garantías para evitar restricciones excesivas.
El debate parlamentario definirá si la propuesta logra convertirse en una nueva herramienta constitucional contra el crimen organizado o si será modificada para incorporar mayores límites y salvaguardas democráticas.
Imagen: Presidencia de la republica
